Opinión
14 Mayo 2020
La intención del Gobierno ha suscitado recelos por parte de algunos sectores
Las consecuencias de traspasar alumnos de centros educativos especiales a centros ordinarios
Cristina Silván/ Enrique Quifez / Madrid
Abierto el debate sobre la propuesta del Ejecutivo de traspasar alumnos con discapacidad desde centros de educación especial a centros ordinarios, se hace preciso conocer las razones subyacentes de esta medida así como algunos datos relevantes que permitan entender el calado del asunto, datos provenientes de Odismet (Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE).
El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ya criticó de forma severa el modelo de educación especial aplicado en nuestro país, puesto que induce a una segregación escolar injusta que impide que los niños aprendan y participen juntos. Atendiendo a esta valoración, el Gobierno plantea incluir en la nueva Ley de Educación un trasvase del alumnado de los centros de educación especial a otros ordinarios, medida que ha suscitado dudas y preocupación entre profesionales y familiares.
En nuestro país hay un total de 219.720 alumnos con necesidades educativas especiales, lo que supone un 2,7% del total del alumnado. Fundamentalmente, son los centros de carácter público los que los acogen (72,1%). Las discapacidades de tipo intelectual y las alteraciones graves de la conducta y la personalidad conforman las categorías que en mayor medida requieren de este servicio.
El análisis de la distribución territorial revela diferencias significativas. Navarra (6,3%), Galicia (4,1%) y Murcia (4,4%) muestran las tasas de alumnado con necesidades educativas especiales más elevadas. Mientras que Extremadura (1,6%), Aragón (1,9%) y Cataluña (1,9%) exponen valores notablemente inferiores.
En los últimos años, y tal como sugieren especialistas y expertos, se ha apostado por la educación integrada, que agrupa al 83,4% de este colectivo.
Aun así, un 16,6% de estos alumnos cursan sus estudios en centros de educación especial. Son los profesionales de este sector y los familiares de estos alumnos los que presentan mayores reticencias a la iniciativa planteada. Reticencias fundamentadas en las posibles carencias de recursos y profesionales, que impedirían una atención individualizada y ajustada a las necesidades específicas de cada alumno.
El proyecto pretende transformar los colegios de educación especial en centros de apoyo para los colegios ordinarios y sus trabajadores pasarían a prestar servicios en los mismos.
En definitiva, parece preciso avanzar hacia un modelo íntegramente inclusivo, un modelo que normalice la inclusión de la discapacidad en nuestra sociedad desde la base, desde la educación, no obstante, debe garantizarse la cobertura de las necesidades y particularidades de cada alumno, mediante recursos materiales y profesionales que favorezcan el aprendizaje efectivo.
