Los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Bildu y ERC anunciaron que presentarán votos particulares al texto, para lo cual disponen de plazo hasta las 14.00 horas del 4 de noviembre. Posteriormente, el texto se elevará al Pleno del Congreso de los Diputados, que podría ser en dos semanas, según apuntó la presidenta de la comisión, Magdalena Valerio.

Valerio destacó que las recomendaciones son “un punto de partida” y a partir de ahora, “esta comisión va a seguir muy pendiente” de que las recomendaciones se materialicen en las normas correspondientes.

Por parte de los grupos parlamentarios, desde el PSOE, la portavoz, Mercé Perea, destacó que con las recomendaciones se lanza “un mensaje de certidumbre y confianza, con mandatos claros al Gobierno” como el de resolver el déficit del Sistema en 2023 y quiso valorar que el texto dedique una recomendación a las personas con discapacidad, que “no son invisibles”.

En respuesta velada a Vox, Perea dijo que las “posturas tremendistas y agoreras no llevan a nada”, y puso de relieve que el consenso alcanzado hoy es “trascendental” en cuando al camino que marca para unas “pensiones dignas y suficientes y un sistema sostenible económicamente”.

Por parte del PP, Tomás Cabezón destacó la disposición de su grupo a pactar, lo que “requiere estar dispuesto a hacer renuncias” y destacó que “el PP es la alternativa de Gobierno frente a otros grupos que no entran a los acuerdos”. En este sentido, puso el acento en que el PP “siempre está” en los asuntos relevantes para el país y que “no acepta trágalas y pactar no es tragar”.

Cabezón incidió en la defensa del sistema público de pensiones y reivindicó que la reforma laboral del PP de 2012 no se derogue y se acometan reformas estructurales en todo el ámbito económico.

Puso de relieve que con las recomendaciones aprobadas se traslada “un mensaje de tranquilidad, optimismo y confianza en nuestro sistema de pensiones”.

Desde Vox, se manifestó el voto en contra por considerar que el texto es un “engaño los españoles sobre la sostenibilidad del Sistema”.

Por parte de Unidas Podemos, Aína Vidal destacó que el acuerdo “blinda el carácter público de nuestras pensiones” y María Pita consideró que es “un paso hacia la sostenibilidad” del Sistema.

Las recomendaciones pactadas recogen, además de la revalorización con el IPC real y de eliminar el déficit no más tarde de 2023, acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación mejorando la compatibilidad de la pensión y el trabajo, y evitar las prejubilaciones adaptando los incentivos existentes.

El Pacto de Toledo también contempla que, en los casos de carreras laborales muy prolongadas, se podría valorar descartar algún año concreto del periodo de cálculo o escoger un tramo específico sobre el que calcular la cuantía de la pensión.

En un entorno de avance de la digitalización en el mundo laboral, apunta a encontrar mecanismos innovadores para complementar la financiación de la Seguridad Social teniendo en cuenta el aporte de las nuevas tecnologías y a “combatir la economía informal”. Las cotizaciones de los autónomos en función de los ingresos reales se abordarán en el diálogo social. Por último, pide fomentar, particularmente, los planes de pensiones privados ligados al empleo.