Suponen el 24% de los electores llamados a votar en los próximos comicios generales, autonómicos y europeos. Pueden ser decisivos y, aprovechando esta coyuntura, han publicado sus reivindicaciones, que pasan por igualar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o por ocupar más terreno en la política.

Se han organizado en torno a la plataforma ‘65ymás’, que aglutina a diversas organizaciones como la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España (Conjupes) o la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras y la Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT, entre otros.

Todos ellos se han propuesto combatir la pobreza energética con medidas como bajar el IVA de todos los alimentos y bebidas que no sean alcohólicas con el tipo hiperreducido del 4%, o gravar la electricidad, el gas y la calefacción con el 10% y no con el 21%, como ocurre actualmente.

Conscientes de su peso político, reivindican ocupar dos de cada diez escaños y que, además, el Congreso de los Diputados tenga una “oficina de mayores” como “apoyo y asesoramiento a los parlamentarios”, más allá de los propios recursos de asesoramiento de personas mayores que ya existen.

Asimismo, los mayores reclaman al nuevo Gobierno que “se garantice el poder adquisitivo y el futuro de las pensiones públicas dignas con su blindaje”, además de la derogación de la reforma laboral de 2013 para “generar empleo de calidad, más estabilidad y salarios adecuados a las necesidades de los ciudadanos”.

Sus exigencias también pasan por el mantenimiento del sistema público de salud o por aumentar los servicios de ayuda a domicilio. También demandan que la Ley de Dependencia “se implante de la misma manera en todas las comunidades autónomas”, de forma que se elimine la “desigualdad” entre las diferentes regiones.

BONO DE 500 EUROS EN CULTURA

En el marco de los servicios sociales, los mayores también piden la regularización académica y laboral de los cuidadores de mayores y enfermos o reconocer el derecho de las personas mayores con discapacidad a tener “la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos sin que se les obligue a jubilarse por la edad”.

Entre sus reivindicaciones también existe un apartado dedicado a la cultura. En él demandan un bono de 500 euros “para todas las personas que cumplan 65 años, facilitando su acceso a los bienes culturales en su primer año de jubilación”.

Por último, en el ámbito del ocio y del tiempo libre piden mejorar los centros de ocio y cultura para mayores y aumentar sus cursos y talleres, además de combatir el edadismo y la discriminación por edad.