“Es el momento de impulsar un nuevo Pacto de Estado por la Sanidad en el que estemos representadas todas las profesiones sanitarias que implique de verdad a la sociedad civil en la reconstrucción, como contempla el Informe de conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica aprobado con amplio consenso por el Congreso de los Diputados”, indica el manifiesto.

Los profesionales sanitarios señalan su “vocación de servicio público y compromiso con la salud de los ciudadanos” y apuestan por una “mayor participación” de los consejos generales y los colegios en la toma de decisiones para la reconstrucción social y sanitaria tras más de un año de pandemia de la Covid-19.

Además, piden a las administraciones estatales y autonómicas “un mayor compromiso y la apertura de nuevas vías de diálogo permanente para revertir la situación del último año”. “Hemos permanecido al margen de la gestión de la pandemia sin mecanismos de consulta articulados en esta emergencia para favorecer el intercambio de conocimiento y experiencia”, añaden.

También defienden que se eviten desigualdades entre las comunidades autónomas. “Instamos a las autoridades sanitarias a que garanticen la equidad y la cohesión dentro del Sistema Nacional de Salud, y eviten desigualdades entre la población en el acceso a los servicios sanitarios, asegurando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en las estrategias preventivas y asistenciales”, apostillan.

Otra petición es el “urgente” desarrollo e implementación del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como vía para comenzar a reforzar los recursos de la atención primaria como “pilar esencial” del sistema sanitario.

Los profesionales sanitarios reclaman también la puesta en marcha de “una verdadera continuidad asistencial sociosanitaria” con el refuerzo de mecanismos de coordinación entre atención primaria, hospitalaria, dispositivos de urgencia, salud pública, servicios sociales y centros residenciales para garantizar la continuidad efectiva de cuidados integrales e integrados.

La última solicitud es el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, de 2011, y el aumento de recursos para la prevención, así como el empleo de “todos los recursos profesionales y asistenciales disponibles”, como, por ejemplo, en los establecimientos sanitarios.