En una carta dirigida al Gobierno, reclaman una regulación "amplia y urgente", independiente de los requisitos que exigen las distintas figuras de la Ley de Extranjería. Destacan que la crisis sanitaria, económica, social y de cuidados causada por el coronavirus ha puesto de relieve los efectos de las políticas de ajuste de los últimos años en los ámbitos sanitario, social, laboral y económico, y el mayor deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, "como la población migrante sin papeles".

“La crisis por el Covid-19 nos ha dejado en una situación extremadamente difícil por la falta de recursos y la exclusión social”, aseguró Lamine Sarr, del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que forma parte de esta campaña. “Desde el Gobierno dicen que no van a dejar a nadie atrás", prosiguió, "pero nos han dejado fuera de todas las medidas de emergencia social".

Asimismo, Sarr denunció que varias mujeres que estaban trabajando como costureras han sido identificadas y amenazadas por la policía a la salida de la fábrica de batas, gorros de médico para hospitales y mascarillas para colectivos y personas excluidas en la que han transformado su tienda de ropa.

Kenia García, del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, destacó las consecuencias de carecer de documentación en regla.

Según afirmó, “el colectivo de trabajadoras sexuales se encuentra, hoy más que nunca, en los márgenes de los márgenes, porque no está reconocido como trabajo. Esto nos deja fuera del sistema y de las ayudas sociales y económicas, sin acceso a la vivienda ni a la sanidad".