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Ilustración de un solicitante de renta mínima de inserción

Política social

6 Nov 2020

Los directores de servicios sociales piden que todos ellos se integren de forma automática en el IMV

Solo el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España recibe la renta mínima de su comunidad autónoma

Redacción / Madrid

Sólo el 8% de la población española bajo el umbral de la pobreza recibió una renta mínima de Inserción de su comunidad autónoma en 2019, esto es, un total de 697.124 personas, según se desprende del 'Informe de Rentas Mínimas de Inserción' correspondiente al año 2019 elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y difundido este viernes por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El trabajo demuestra que existen grandes diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a cobertura y cuantía y que País vasco y Navarra son, de lejos, las regiones con mayor porcentaje de beneficiarios. En estas, sus rentas mínimas alcanzan al 70 y al 63% de los ciudadanos en situación de pobreza, respectivamente.

Les siguen Cantabria y Asturias, donde reciben estas rentas casi una de cada 5 personas vulnerables, mientras que Baleares, Aragón, Cataluña y Castilla y León alcanzan una cobertura algo superior al 10%. Las nueve comunidades restantes no llegan ni a este 10% y, en concreto, Castilla-La Mancha y Canarias tienen una cobertura inferior al 2%.

En el conjunto de España, estas rentas suponen el 17,1% del ingreso medio de los hogares, aunque de nuevo, hay grandes diferencias autonómicas. Extremadura es la comunidad autónoma donde la cuantía de su renta mínima de inserción representa un mayor porcentaje en relación a la renta de un hogar medio (23,1%).

A continuación figuran Cataluña y Comunidad Valenciana, con unas cuantías superiores al 20% de la renta media de su territorio. Asturias, Navarra, Castilla y León y País Vasco superan el 15%, y hay dos comunidades con un porcentaje mínimo: Murcia (10%) y Baleares (7,2%).

Según los directores de servicios sociales, se trata de "unas cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a sus perceptores garantizar la supervivencia". A juicio de esta entidad, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue “una excelente noticia” que, sin embargo, “ha generado una enorme frustración” entre el millón de personas “atrapadas en un laberinto burocrático y farragoso, con exigencias imposibles para los más vulnerables”.

Por ello, pidió al Gobierno integrar de forma automática en el IMV a los 297.183 beneficiarios de las rentas autonómicas, e instó a las Comunidades a garantizar que los 1.686 millones de euros que destinaban a las rentas mínimas se dediquen a garantizar la inserción social de los más vulnerables.