En un comunicado, la patronal del seguro se mostró así de acuerdo con las conclusiones expuestas este mismo miércoles por la Airef, que en su revisión del gasto público y, en este caso, de los beneficios fiscales, considera que las actuales deducciones fiscales aplicadas a los planes privados de pensiones no cumplen con su objetivo de promover el ahorro y los considera regresivos, al ser utilizados principalmente por rentas altas.

Así, para Unespa, “los poderes públicos deberían favorecer la generación de grandes masas de ahorro para la jubilación impulsando la creación de estos instrumentos en el ámbito de las relaciones laborales, al tiempo que se favorece la previsión entre los particulares”.

La patronal explicó que su modelo para la jubilación se basa en tres pilares: uno compuesto por las pensiones de reparto públicas (pilar I), otro por el ahorro acumulado a través de instrumentos de previsión social vinculados al entorno laboral (pilar II) y un tercer bloque correspondiente al ahorro finalista que, con carácter individual, cada persona acumula (pilar III).

Desde el punto de vista de la asociación, los pilares II y III “deben desarrollarse en paralelo, no uno a costa del otro, para cumplir plenamente su función de complementar la pensión pública en un contexto de cambio demográfico que vive España”, y apunta que “el palpable y paulatino envejecimiento de la sociedad hace prever que sea necesario emprender una reforma de las pensiones públicas que derivará en una tasa de sustitución menos generosa que la actual”.

Por ello, para Unespa, “el ahorro complementario es, precisamente, la herramienta que puede compensar una previsible pérdida del poder adquisitivo por parte de las personas que hoy están en activo y que el día de mañana serán pensionistas”.

Por otro lado, Unespa considera confusa la cifra que da Airef sobre que el coste de los beneficios fiscales aplicados a los planes privados es de 1.643 millones, ya que la patronal apunta que el coste fiscal anual verdadero es de 450 millones si se tiene en cuenta la tributación de las prestaciones de estos sistemas.

Adicionalmente, subraya que, en el cómputo de los 450 millones de euros de coste fiscal anual real de este incentivo no se tiene en cuenta que la rentabilidad obtenida por los sistemas de previsión social no tributa como rentas del ahorro (cuyo tipo máximo es del 23%), sino que tributa como rentas del trabajo (cuyo tipo máximo es del 45%). Sostiene que, si se tuviera en cuenta ese efecto, el importe del coste fiscal anual de este incentivo sería “muy inferior” a 450 millones de euros.

Por último, Unespa considera que el insuficiente desarrollo de la previsión social complementaria en España se debe también “a una falta de concienciación social en torno a la conveniencia de ahorrar para complementar la pensión pública, y que esta carencia se debe, principalmente, a una ausencia de información”.