La iniciativa, que se lleva a cabo por segundo año consecutivo, cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), y estaba dirigida a todas las universidades españolas y centros adscritos.

Las universidades seleccionadas han sido las madrileñas de Alcalá de Henares, Camilo José Cela, CEU San Pablo y Rey Juan Carlos; las andaluzas de Almería, Granada, Jaén, Málaga y Pablo de Olavide de Sevilla; y las universidades de Burgos y Salamanca, de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, A Coruña, Murcia, Pública de Navarra, Rovira i Virgili en Tarragona, y las universidades de Alicante, Valencia y Miguel Hernández de Elche.

El objetivo principal de este programa es implicar a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la educación superior resulta aún insignificante.

Actualmente no hay datos estadísticos de personas con discapacidad intelectual en la educación superior y su presencia se limita a casos aislados. A nivel global, las personas con discapacidad sólo están representadas en un 1,7% en los estudios universitarios de grado y el porcentaje es aún inferior cuando se habla de estudiantes de máster, posgrados o doctorados.

Solamente entre el 5 y 6% de las personas con discapacidad tienen estudios universitarios hoy en España, a pesar de que la Estrategia Europea 2020 habla de un horizonte del 40%.

PRIMERA EDICIÓN

En la primera edición de esta iniciativa participaron un total de 15 universidades, gracias a lo cual 225 jóvenes con discapacidad intelectual pudieron graduarse en los distintos títulos propios que pusieron en marcha las entidades académicas.

Fundación ONCE quiere lograr la inclusión social por medio de la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Dentro de este colectivo, los jóvenes con discapacidad intelectual representan un grupo con especiales dificultades de inserción laboral, debido a su bajo nivel formativo, por lo que es precisa la realización de actuaciones concretas para invertir esta situación y mejorar su empleabilidad.

Diversas investigaciones ponen en evidencia que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.