Más de un millón de personas con discapacidad viven en el entorno rural en nuestro país. En comunidades como Castilla-La Mancha la cifra supone el 52% del total de personas con discapacidad, y en Castilla y León el 48%. Y según un estudio elaborado en esta última comunidad autónoma, el 82% de estas personas desean vivir en sus localidades, incluso en una situación de desventaja respecto a las urbes y los servicios necesarios para llevar una vida autónoma. En esta mesa de debate del CERMI se aportan ideas, experiencias exitosas y reclamaciones urgentes para llenar la España que se vacía en contra de la voluntad de las personas.

Entre los principales argumentos que aportan las personas con discapacidad que desean vivir en sus localidades está siempre la solidaridad vecinal, y por supuesto el arraigo y el deseo de hogar. “Hay que apostar por el medio rural, entre otras cosas porque la gente quiere vivir allí”, afirma Fran Sardón, secretario de finanzas de la Federación Nacional Aspaym y ex presidente de Cermi Castilla y León. A su juicio, es necesaria una “estrategia nacional de desarrollo rural inclusivo”, porque nos encontramos ante un “problema de Estado de primer orden”. Asegura que nuestro país lleva más de dos décadas sin crecer en el medio rural y sin embargo se empieza a hablar ahora de la España despoblada. 

En este sentido, José Antonio Romero, gerente de CERMI Castilla-La Mancha, se muestra esperanzado tras el reciente anuncio del vicepresidente de su comunidad autónoma sobre la elaboración de una estrategia regional para combatir el reto demográfico y luchar contra la despoblación. “Se va a poner en marcha la figura de un comisionado regional que se encargará de coordinar toda esta estrategia y de cerrar un pacto para luchar contra la despoblación y además va a haber en cada provincia un delegado especial adscrito a este comisionado, que va a ser el enlace entre los ayuntamientos y la administración regional. La idea es que todo derive en ese pacto que se plasme en una ley contra la despoblación y para favorecer el desarrollo rural”, explica Romero.

La palanca del empleo

En el centro de esta crisis y señalada como causa primera, a la vez que remedio, se encuentra el empleo. Así, para Sabina Lobato, directora de Formación y Empleo de Fundación ONCE, “el empleo es la palanca que puede revertir esa fuga de personas del ámbito rural al urbano”, aunque también sitúa en el mismo plano la carencia de servicios en el ámbito rural. Según Lobato, “las personas con discapacidad abandonan sus hogares en el medio rural por la carencia de servicios y la falta de empleo”.

En este sentido, mirando al futuro, aunque ya es presente, las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental, de ahí que haya que luchar por lograr que estas oportunidades estén al alcance de todos. Según Sabina Lobato: “La accesibilidad en tecnología es un reto tan importante como el que se inició hace años cuando se empezó a hablar de barreras físicas, porque la transformación digital implica tal velocidad en cambios, implantaciones y soluciones que la falta de diseño universal hace que las personas con discapacidad estén excluidas”. 

Y en el ámbito rural, las nuevas tecnologías pueden facilitar mucho la lucha contra la despoblación y así lo entiende Pepa Torres, secretaria general de Feacem, quien asegura que “hay que manejar las nuevas tecnologías y trabajar con ellas, que van a permitir que los Centros Especiales de Empleo (CEE) puedan desarrollar actividades para otros sitios del país y otros países sin necesidad de mover a la gente de su entorno”. Su mirada optimista va todavía más allá al afirmar: “Puede ocurrir lo contrario y es que personas del entorno urbano vuelvan al rural si hay oportunidades o las tecnologías permiten que el trabajo no dependa del sitio físico en el que te encuentres”.

En el caso de los CEE, Pepa Torres explica que una peculiaridad de este modelo en la iniciativa social es la creación de empleo en territorios del ámbito rural: “Es un modelo que puede impulsar la permanencia de las personas con discapacidad en el entorno rural y llevaría a hacer actividades que no se deslocalizan, no hay desplazamiento de la actividad, es un diferencial propio de la economía social y de los CEE de iniciativa social; al ser promovidos por las entidades de la discapacidad o por las propias personas con discapacidad están generando empleo en los sitios donde está la persona con discapacidad”.

Colaboración, cooperación, itinerancia…

En esta hora de conversación a menudo se hace referencia al trabajo cooperativo, a la colaboración, los grupos de acción local… esa fuerza de la solidaridad y del trabajo en común, de la convivencia y la vecindad propia del entorno rural. Explica Fran Sardón que en Castilla y León hay experiencias muy interesantes en los últimos años, iniciativas basadas en una economía colaborativa entre diferentes entidades sociales del ámbito de la discapacidad y de la exclusión: “En el medio rural hay que tener un criterio de eficiencia máximo y recurrir a esa economía colaborativa para llegar a mayor número de personas y se están poniendo en marcha servicios de atención a la dependencia en el que personas con discapacidad trabajan como asistentes personales de otras personas con discapacidad”.

Otro ejemplo expuesto por el representante de Aspaym lleva por nombre Fisiomer. Son servicios de fisioterapia en el medio rural, con centros ubicados en zonas rurales y que además se aprovechan para desplegar otro tipo de servicios de Aspaym, como son la formación, asesoría en accesibilidad o en ayudas técnicas, asistencia personal y la propia rehabilitación y fisioterapia. Es un ejemplo también de economía colaborativa en el que participan tres entidades, por un lado el ayuntamiento, que cede el espacio, por otro lado está la financiación a través del 0,7 del IRPF para equipar el centro y en tercer lugar la propia Aspaym, que pone el conocimiento, la gestión y los profesionales. Estas iniciativas suponen también oportunidades de empleo pues hay un compromiso para contratar profesionales del pueblo o la comarca y aunque los servicios que se ofrecen son prioritarios para personas con discapacidad, también están destinados al resto de la población.

En Castilla-La Mancha también se trabaja con éxito en los llamados grupos de acción local y son comunes las cooperativas agrícolas, la cooperación entre sectores, etc., tal y como explica José Antonio Romero, quien advierte en este sentido de otro peligro que acecha en el ámbito rural despoblado: “Hay pocas asociaciones de personas con discapacidad y cada vez habrá menos, es muy importante incentivar el asociacionismo y que las personas con discapacidad participen activamente en el diseño de políticas de desarrollo rural; si no participamos ahí difícilmente se tendrá en cuenta la variable discapacidad”. 

Pero además apunta de nuevo la necesidad de contar con mejores medios tecnológicos: “Tenemos una carencia de infraestructuras de comunicación, banda ancha y telecomunicaciones, de logística... Es más fácil que a una persona de Peralejo de las Truchas le llegue un paquete desde China, que esta misma persona consiga un mensajero para distribuir la mermelada artesanal que quiere vender”. Pero aporta sin embargo una experiencia interesante en atención temprana a niños del medio rural; en lugar de ir a la ciudad con todo lo que eso conlleva de organización familiar, coste, etc. se está trabajando con servicios itinerantes, lo más cerca posible de las poblaciones. Una opción también aplicada a acciones de formación itinerante que se han desarrollado en esta misma región.

En los servicios de formación y empleo también han observado la oportunidad de recurrir a opciones como la itinerancia, y así lo explica Sabina Lobato: “Nos dimos cuenta de que tenemos que llevar los servicios al territorio y tenemos en nuestro personal un colectivo de técnicos itinerantes, con diferentes convenios con ayuntamientos para que nos cedan espacios y con campañas en autobuses Sabina Lobato, directora de Formación y Empleo de Fundación ONCE, Fran Sardón, secretario de finanzas de la Federación Nacional Aspaym y Pepa Torres, secretaria general de Feacemque recorren municipios, para que la gente se inscriba en los servicios”. De ahí que para Sabina Lobato, al igual que para José Antonio Romero, sea importantísima la coordinación de todos los agentes implicados, primero por parte de la administraciones, con sus espacios, y luego por parte del movimiento asociativo, donde se observa que cada vez hay más entidades que agrupan a varios colectivos, por ejemplo, una sola entidad reúne todas las discapacidades, cuando antes estaban divididas en varias asociaciones.

Una apuesta de Gobierno

Y sin embargo, para que todo esto funcione y se promocione, lo que sigue siendo necesario es una visión global, porque el problema de la despoblación es generalizado y afecta a todas las personas. Por eso, apunta José Antonio Romero, “es necesario aprobar medidas fiscales para estas iniciativas, que no sea lo mismo emprender en Madrid que hacerlo en Peralejos de las Truchas”. Y matiza Pepa Torres: “Las políticas de empleo no deben ser estancas y deben estar vinculadas a la política económica; tiene que haber una política global, una revisión de la política fiscal, de incentivos y de promoción, y también como reto de Estado ver qué modelo económico queremos de futuro, una apuesta de Gobierno, de país, saber qué queremos”. Y pone un ejemplo muy localizado en una población que surge continuamente en esta mesa como ejemplo rural por excelencia: “Los modelos de cooperativas en los entornos rurales son de éxito, tanto en agricultura como en ganadería, pero se tiene que extender a otras actividades y aplicar la tecnología. Por ejemplo, la mermelada de Peralejos la puede recoger un dron y distribuirla”. 

Pero insiste el representante de Castilla-La Mancha: “La prioridad es que la gente que está no se vaya e intentar que viva más gente en el medio rural”. Entonces habla de casos de migraciones organizadas desde otros países a zonas despobladas, por ejemplo, en el norte de Escocia están planeando este tipo de migraciones las entidades locales. 

Y para terminar se enumeran asuntos relacionados con la ‘España vaciada’, también importantes y decisivos a la hora de elaborar estrategias, como son el envejecimiento de la población rural, las políticas hidráulicas, el cambio climático y la cuestión de género. Quizás sea necesario empezar a trabajar, o continuar haciéndolo, pero aprovechando la experiencia, por eso Pepa Torres propone que se analicen los casos de éxito o buenas prácticas y se multipliquen, que se repliquen por todos los territorios, pues a pesar de ser muy distintos, las necesidades son similares.

(Pieza publicada en 'cermi.es' 356)