Así lo ha comunicado la Institución del Defensor del Pueblo al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que había denunciado en 2015 esta situación de inactividad gubernamental, que dio lugar a una primera investigación que en los últimos dos años ha permanecido paralizada por la situación de Gobierno en funciones, que impide al Ejecutivo promover iniciativas legislativas.

Recuperado el Gobierno en pleno funcionamiento, el Cermi reprodujo la queja inicial, ya que sigue incumpliéndose el deber legal de que todos los litigios relacionados con la Ley 39/2006 de Dependecia, pasen de la jurisdicción contencioso-administrativa, la actualmente competente, a la social, como es lo propio por razón de la materia.

La Ley reguladora de la Jurisdicción Social de 2011 estableció que antes de 2015, el Gobierno remitiría a las Cortes Generales un proyecto de ley de para residenciar en la jurisdicción social las controversias sobre dependencia, mandato que han ignorado los Gobiernos que se han sucedido desde esa fecha, pese a los permanentes recordatorios e instancias del Cermi, según recordó este Comite.