Las beneficiarias son 22 ONG de ámbito estatal, entre las que están la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Federación Española de Asociaciones de Padres y/o Tutores de Personas con Autismo (Fespau), la Confederación Autismo España, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), Salud Mental España, la Confederación Española de Organizaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral y Afines, Plena Inclusión España, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Down España y la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares.

También percibirán ayudas Asociaciones de Personas Sordociegas de España, la Federación Española de Daño Cerebral, la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), la Federación Española de Sordoceguera, la Asociación Esclerosis Múltiple España, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif), la Federación nacional de Asociaciones de Lesionado Medular (Aspaym), la Federación ECOM, la Federación de Coordinadoras y Asociaciones de personas con discapacidad física de las comunidades autónomas de España, la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera (Apascide) y la Asociación Española de Esclerosis Lateral.

Según Celaá, se trata de organizaciones que históricamente han desarrollado una destacada labor en la defensa de los derechos básicos de las personas con discapacidad. La cuantía de estas subvenciones procede del presupuesto de la Dirección General de Políticas de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, impulsor del Real Decreto aprobado hoy.

Se destinarán a financiar los gastos corrientes de funcionamiento de sus estructuras centrales, siempre que respondan a los fines que tienen atribuidos. De esta forma, el Gobierno quiere facilitar que estas entidades puedan llevar a cabo la función que les corresponde de representación, defensa y promoción de los derechos e intereses generales de las personas con discapacidad y de sus familias.

Explicó que la Ley del Tercer Sector de Acción Social de 2015 preveía una serie de medidas de apoyo a estas entidades para garantizar su sostenibilidad y su participación en las políticas sociales y reconocer su condición de entidades colaboradoras de la Administración General del Estado, ya que "son las que tienen un conocimiento más directo de las necesidades de las personas con discapacidad y su actividad principal es atender sus situaciones de necesidad".

Por eso, desde 2016 las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado han contemplado la concesión de subvenciones nominativas a estas entidades. En esta ocasión, al prorrogarse los presupuestos para 2019, las subvenciones nominativas pasan a reconocerse como subvenciones directas de carácter excepcional, tramitadas vía Real Decreto y cuyo otorgamiento se ampara en razones de interés público y social.