En su comparecencia ante la Comisión de Justicia, De Araoz explicó que la figura de la tutela que recoge el Código Civil actual “está basada en el interés superior de la persona”, por el que el tutor debe tomar decisiones que afectan a las personas incapacitadas “en función de criterios objetivos, como lo que es más adecuado para su salud y para su seguridad”. “¿De verdad todas las decisiones que han tomado en su vida siempre se han regido por lo más sano y lo más seguro?”, preguntó De Araoz a sus señorías.

“Esta manera de funcionar procede de la legislación de menores”, afirmó, al tiempo que destacaba que de esa forma se “dejan fuera las preferencias y lo que resulta más significativo para un adulto”.

Por eso, el nuevo sistema que impulsa esta reforma persigue que en las decisiones que afecten a las personas con discapacidad intelectual, se tenga en cuenta lo que ellas quieren para sí mismas” y eso implica “garantizar que reciben los apoyos adecuados durante todo el proceso”, sostuvo De Araoz. De hecho, Plena Inclusión ha presentado una serie de enmiendas al proyecto de ley para recoger con mayor precisión estas garantías.

Entre otros puntos, reclama “ajustes de procedimiento que hagan posible la participación efectiva de estas personas en todo el proceso judicial, lo que implica la figura de un facilitador judicial que asegure una comunicación fluida entre todas las partes, garantice la accesibilidad cognitiva y se ocupe de que la persona interesada comprende todo el proceso".

Otra serie de enmiendas tienen que ver con la obligación de que los jueces no se limiten a los informes del médico forense para tomar sus decisiones sobre las personas con discapacidad intelectual.

A su juicio, “muchos de estos profesionales no tienen formación especializada en discapacidad intelectual”, por lo que sus informes no pueden ser “la única fuente de información que empleen los jueces”.

Por eso, reclamó que “la persona afectada intervenga siempre en el proceso” y que “se escuche su opinión”, algo que en la actualidad no suele ocurrir.

Asimismo, exigió la obligación de atender también a los testimonios de familiares y personas del entorno, las asociaciones de personas con discapacidad y, en general, todo aquello que permita establecer una historia vital sobre el afectado.

EXCESO DE INCAPACITACIONES

En opinión De Araoz, el sistema jurídico español ha decretado incapacitaciones de manera “desproporcionada”. “No hay datos oficiales del número de personas que han sido incapacitadas judicialmente”, se lamentó, “y eso que los hemos pedido y que es un tema que afecta a los derechos fundamentales”.

Sin embargo, un estudio de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) estimó que el 88% de las personas atendidas por sus entidades estaban tuteladas y sólo el 12% tenían el apoyo de un curador.

“Si tenemos en cuenta que el 85% de las personas con discapacidad intelectual tienen una afectación leve o moderada, lo lógico es pensar que con un sistema de apoyos -esto es, de curatela- habría sido suficiente”. Esto “nos lleva a pensar que la incapacitación judicial se ha podido decidir de manera desproporcionada”, afirmó la experta.

Además, citó datos de Aragón donde entre 2010 y 2015 la tasa de modificaciones jurídicas de la capacidad de obrar aumentó un 60%, “pese a que España ya había firmado la convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

INTERPRETAR SU VOLUNTAD

En cuanto a las personas con grandes necesidades de apoyo, De Araoz señaló que “lo primero es hacer todo lo posible para intentar conocer cuál es su voluntad” porque “muchas veces sí se comunican, aunque nosotros no sabemos interpretarlo”. Así, aseguró que existen múltiples técnicas y terapias en este sentido.

Con todo, si esto no es posible, "se debe tratar de averiguar cuál sería la voluntad de esa persona y no recurrir a su interés superior”, y subrayó que “la familia y los cuidadores habituales conocen muchas veces cuáles son sus preferencias y cómo es su personalidad”.

De Araoz admitió que esta reforma supone “un gran reto para toda la sociedad” que “debe adoptar otro enfoque” para que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer sus derechos de forma efectiva.

Asimismo, las personas que se ocupen de prestar apoyos tendrán que admitir la opinión de los interesados, prosiguió, “no se la podrán imponer”.

Esto significará “negociar, llegar a acuerdos o buscar la ayuda de una red más amplia de apoyos”, indicó. La reforma también supone que “la capacidad de las personas no es algo estático, sino que evoluciona y se debe fomentar”.

Por eso, los apoyos que estos individuos reciban serán variables y adaptados a cada situación particular. De ese modo, animó a los juzgados a diseñar “una planificación centrada en la persona” como mejor manera de actuar en estos casos.