Compartir en redes sociales

Informe 'CERMI ESPACIO DIGITAL. Territorios conectados'

Política social

30 Ene 2024

Con un plazo de espera de dos años

Canarias y Extremadura, las dos comunidades con mayor retraso para en la valoración del grado de discapacidad

Redacción / Madrid

Canarias y Extremadura son dos de los territorios que acumulan mayor retraso para obtener la valoración del grado de discapacidad. Concretamente, un periodo de dos años. Andalucía y Castilla-La Mancha le siguen con 18 meses. Las causas principales son la escasez de personal seguida de un procedimiento lento y difícil.

Estos son uno de los datos del informe ‘Cermi Espacio digital. Territorios conectados’ que se elaboró a partir de la información obtenida por los Cermi autonómicos, en el que se analizó el tiempo medio para obtener la valoración del grado de discapacidad, desde que se solicita, en comunidades y ciudades autónomas.

El informe examina el tiempo máximo en meses para emitir la resolución en 2023. El plazo máximo oscila entre los dos años de Canarias y Extremadura y los 18 meses de Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias, los cinco territorios que acapararon mayor tardanza.

En particular, y diferenciando los datos por provincias/ciudades, el informe revela que Badajoz, Cádiz y Granada, Albacete y Toledo y Avilés fueron los que mayor dilatación en el tiempo presentaron a la hora de conseguir el grado de discapacidad.

Asimismo, el informe incluyó una tabla que ordena de mayor a menor las Comunidades y Ciudades autónomas atendiendo al tiempo máximo para obtener la resolución del grado de discapacidad y también recogió la formación política que gobierna en cada territorio.

Finalmente, se mostró un mapa que refleja cómo el 94,74 % de los territorios tiene como causa principal de esta demora la escasez de personal y el 78,95 % se debe a la existencia de procedimientos lentos y complejos. Según este informe, la insuficiencia de centros no es una causa tan determinante en el retraso en la valoración, siendo esta del 36,84 %.

El Cermi nacional remitirá este informe al Defensor del Pueblo con la petición de que investigue estas dilaciones, que causan un enorme perjuicio a las personas con discapacidad y a sus familias, ya que la valoración de la discapacidad es la puerta de acceso al sistema de apoyos y prestaciones de las administraciones públicas que se reciben por razón de discapacidad en España.