El informe analiza las 804 masas de agua subterráneas reconocidas en España, de las cuales 353 están en mal estado y abarcan una superficie que supera los 140.000 kilómetros cuadrados, esto es, casi un 40% de la extensión superficial que ocupan todas las masas. Esta situación se produce sobre todo en la mitad sureste peninsular, pero también en la Meseta Norte, Baleares y Canarias.

Un 27% de las masas analizadas se halla en mal estado cuantitativo (es decir, sobreexplotadas o en las que se extrae más agua de la que es capaz de reponer el ciclo natural), un 30% se encuentra en mal estado químico (por superar el umbral de contaminación permitido para la salud humana por nitratos, macrogranjas, pesticidas y plaguicidas o intrusión salina) y un 14% se declara sobreexplotada y contaminada. Si una masa suspende en alguno de estos dos parámetros, o los dos, se considera que está en mal estado global.

El mal estado general de los acuíferos varía según las cuencas hidrográficas examinadas: Guadiana (85%), Segura (69%), Guadalquivir (52%), Júcar (47%), Ebro (37%) y Duero (29,6%).

De forma pormenorizada, hay más masas de agua subterránea sobreexplotadas en Tenerife (100%), el Segura (60%) y las cuencas internas de Cataluña (57%), y con contaminación química en Fuerteventura (100%), Gran Canaria y el Guadiana (80%), y Tinto, Odiel y Piedras (75%).

"Queremos lanzar un rotundo SOS sobre el agua, que va a ser, si nada lo evita, uno de los principales problemas de nuestro país en las próximas décadas", apuntó la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, quien recordó que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ya ha alertado de que la región mediterránea tendrá menos lluvias en los siguientes decenios. "Con el aumento de las temperaturas se evaporará más agua, cada vez tendremos menos agua disponible", añadió.

Saldaña calificó de "alarma nacional" que un 44% de las masas de agua subterránea se encuentre en mal estado, más cuando el año hidrológico 2021-2022 concluyó el pasado viernes como el tercero más seco en España desde 1961, año desde el que hay datos.

"O las confederaciones hidrográficas y los gobiernos, del color que sean, empiezan a tomarse este problema en serio o tendremos serios problemas para el abastecimiento de los campos, los animales y las personas", indicó Saldaña, antes de señalar: "Aún estamos a tiempo de enderezar esta situación, pero tenemos que hacerlo ya".

‘SIETEMILES’

El descuido de las masas de aguas subterráneas es tal que, según Ana Tudela, cofundadora y directora de Proyectos de Datadista, un 22% de ellas no dispone de un sensor que mida la evolución del nivel del agua (piezométrico) que permita conocer con detalle su estado cuantitativo en base al nivel freático, además de que no se han generalizado los caudalímetros y a ello se añaden los llamados 'sietemiles', es decir, pozos abiertos al amparo de la Ley de Aguas como usos privativos que permiten extraer hasta 7.000 metros cúbicos al año.

Un 30% de la población española se abastece de agua subterránea, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Tudela precisó que en 411 municipios se han detectado nitratos en agua de grifo por encima del umbral admisible para la salud y en 55 localidades, con valores por encima del umbral autorizado para pesticidas.

Las causas de ese deterioro de las aguas subterráneas están sobre todo en la agricultura y la ganadería intensiva industrial, ya sea la proliferación de macrogranjas o los vertidos agropecuarios, según Julio Barea, responsable de Agua en Greenpeace España.

Barea indicó que los principales responsables de esta situación son las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en determinadas cuencas, que "en ningún caso están poniendo coto a ese saqueo de aguas"; "los oligarcas del campo", esto es, "grandes industrias agrarias e incluso fondos de inversión" que actúan como "un lobby importante"; los sindicatos de regantes, que son "entidades privadas que manejan un bien público", y empresas constructoras y distribuidoras.

Con ello, Greenpeace demandó superar la política hidráulica tradicional, centrada en grandes obras, y abordar una transición hidrológica justa en un contexto de cambio climático; reducir el consumo de agua sobre todo de regadío intensivo e industrial, al ser el mayor consumidor (el 80% del total); cerrar los pozos ilegales (más de un millón, según sugirió el Ministerio de Agricultura en 2017); implantar caudales ecológicos científicamente establecidos; una agricultura y ganadería más sostenible; reducir la cabaña ganadera intensiva en un 50% para 2030; aumentar el presupuesto destinado a la gestión forestal, y cumplir las medidas incluidas en el nuevo ciclo de planificación hidrológica.