Estas son algunas de las conclusiones del estudio ‘La situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género’, presentado este jueves por UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, en la sede de CaixaForum en Madrid y que se realizó en 18 centros penitenciarios gestionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior (14) y por los Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Cataluña (cuatro) a partir de una encuesta a 1.086 personas privadas de libertad.

El 92% de ellas tiene o ha tenido en el pasado un problema con las drogas y los intentos de deshabituación a lo largo de la vida han sido “varios” en la mayor parte de encuestados, si bien la “mayoría”, el 65%, no recibía tratamiento en el momento de la encuesta. El tratamiento más habitual es la metadona, que supone el principal tratamiento para el caso de las mujeres, y los grupos de terapia, principal tratamiento en el caso de los hombres.

Además, la atención sanitaria recibida está “mal valorada” y los encuestados no se sienten tratados “con el respeto que merecen”. Creen que "se abusa de la receta de medicamentos y, por el contrario, se ofrece una escasa atención personal e individualizada, lo que echan en falta de forma generalizada”, según el estudio.

Entre las “principales conclusiones” del trabajo también está que entre los encarcelados con adicciones en las prisiones españolas están “sobrerrepresentados” los contextos de pobreza, las “carencias” educativas, la “exclusión social”, las violencias sufridas a lo largo de la vida, especialmente en las mujeres, así como los problemas de salud mental.

PERFILES

Por lo que respecta al perfil de reo con adicciones, este se corresponde con un hombre con una edad media de 39 años, nacionalidad española y estudios primarios. Uno de cada nueve no cuenta con un recurso habitacional donde ir cuando salga de prisión y uno de cada cuatro tiene alguna enfermedad mental diagnosticada. Procede de una familia numerosa cuyos ascendientes presentan estudios inferiores a la primaria y tienen hijos, aunque en la mitad de los casos el encuestado no cuenta con la custodia.

Por su parte, la mujer participante tiene una edad media de 41 años, nacionalidad española y estudios primarios. Una de cada seis no cuenta con un recurso habitacional donde ir cuando salga de prisión, una de cada tres tiene alguna enfermedad mental diagnosticada, un 12,3% tiene reconocida una discapacidad física, y el 5% tiene certificada alguna discapacidad intelectual.

En cuanto a su entorno, procede de una familia numerosa donde sus ascendientes presentan estudios inferiores a la primaria y en la “mayoría” de los casos cuenta con menores a su cargo. También tiene pareja, la cual se encuentra en prisión en el 71% de los casos.

MALOS TRATOS FÍSICOS

Junto a ello, el 45% de las personas encuestadas ha sufrido alguna vez en su vida malos tratos físicos, cifra que aumenta en el caso de las mujeres hasta el 74,8%. Asimismo, el 53,8% de la muestra ha sufrido malos tratos psicológicos (45,8% de los hombres y el 80,6% de las mujeres). En lo que se refiere a abusos o agresiones sexuales, un 15,7% los reconoce, el 6,6% de los hombres y el 45,3% de las mujeres, y los delitos por los que son condenadas las personas con adicciones son, en su mayoría, contra el patrimonio y la salud pública (65,7% hombres y 70% mujeres).

RECLAMOS Y PROPUESTAS

Las personas con adicciones en prisión destacan en el estudio, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la necesidad de ser “visibilizadas y escuchadas” y de “contar con más recursos sanitarios”. A la vez, critican la “excesiva medicalización”, así como la” falta de apoyo económico y formativo para rehacer su vida en el exterior”.

En este contexto, la Red de Atención a las Adicciones urgió a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad con “más recursos personales, sanitarios y psicosociales” para “equiparar” su atención a la del resto de la sociedad. Junto a ello, abogó por “primar” el régimen abierto y los cumplimientos extrapenitenciarios “por encima de los regímenes ordinario y cerrado” y por “cambiar” la cultura penitenciaria hacia “una cultura del diálogo y la no violencia”, promover la participación comunitaria e incorporar la perspectiva de género “a todos los ámbitos de este sistema”.

JORNADA

La investigación fue presentada en el marco de la jornada ‘Las drogodependencias y otras adicciones en el sistema penitenciario español. Una ventana hacia un futuro justo e igualitario’ y, durante su intervención en la misma, el presidente de la red UNAD, Luciano Poyato, insistió en la necesidad de promover cambios en el sistema penitenciario español y de “avanzar hacia una sociedad más justa teniendo en cuenta las necesidades de las personas presas y los condicionantes que les influyen en el delito”.

En paralelo, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, trasladó el “compromiso” de esta institución con la transparencia, convencido de que, “conociendo mejor el diagnóstico, estaremos en condiciones de poder abordar mejor y encontrar las soluciones”. “En muchas ocasiones, la adicción es el origen del comportamiento delictivo”, abundó, al tiempo que hizo hincapié en el papel de las medidas preventivas y de tratamiento para que las personas presas “puedan dejar el consumo y reconducir su vida dejando la adicción”.

Durante el acto de clausura, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, destacó el papel de las entidades sociales a la hora de promover “cambios normativos que han provocado un número menor de personas en prisión por asuntos relacionados con las drogas” al tiempo que reivindicó una mayor coordinación de todas las partes implicadas en la atención respecto a “una mejor integración de los servicios sanitarios dentro de prisión y fuera de ella”.