El trabajo pone de manifiesto que “los efectos positivos de la protección social en los niños son incuestionables”, puesto que “reduce la pobreza, al tiempo que contribuye a la seguridad de los ingresos en los hogares, pero sobre todo a la salud, la educación y la seguridad y protección” de los chavales”.

También “aporta resiliencia a los hogares, permitiéndoles aumentar su productividad y su potencial de ingresos, y reduce el riesgo de transmisión intergeneracional de la pobreza”, por lo que “amplía las capacidades humanas y la productividad, y crea un círculo virtuoso que impulsa el crecimiento económico y contribuye a unos sistemas fiscales y de transferencias más sostenibles que permitirán una mayor ampliación de la protección social para todos, incluidos los niños”.

Tras este preámbulo, el informe denuncia que un total de 2.400 millones de niños en el mundo necesitan una protección social adecuada, máxime cuando éstos tienen el “doble de probabilidades” que los adultos de vivir en la pobreza”.

En ese sentido, más de 800 millones de niños viven con menos de 3,20 euros al día; 1.300 millones lo hacen con menos de 5,50 dólares diarios; y más de mil millones se encuentran en la pobreza multidimensional, privados de factores clave que inciden en la infancia, como una salud, educación y nutrición adecuadas.

A su vez, el trabajo alerta de que 1.460 millones de menores, con edades comprendidas entre 0 y 15 años, no disponen actualmente de protección social, 50 millones más que en 2016. Del mismo modo, la tasa de cobertura efectiva a nivel mundial era del 26,4% en 2020, frente al 27,2% de cuatro años atrás.

Existen variaciones regionales significativas en la cobertura efectiva de los niños en algunas regiones, donde esta tasa se ha estancado o se ha producido una disminución desde 2016. El descenso más pronunciado tuvo lugar en América (-6,4%), seguido de Europa y Asia Central (-2,3%) y África (-0,2%); mientras que en Asia y el Pacífico se mantuvo inalterable.

El trabajo también ilustra que los retos a los que se enfrentan los niños son cada vez mayores y se agravan como consecuencia de los efectos de la pandemia, el alza de los precios, los conflictos bélicos y sus consiguientes desplazamientos de población y el cambio climático.

Ante esta situación, el informe señala la importancia de “mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de protección social” para “defender los derechos de los niños y frenar la aceleración de la pobreza infantil provocada por la crisis”.

En ese sentido, la directora del Departamento de Protección Social de la OIT, Shahra Razavi, conminó a “fortalecer los esfuerzos a fin de garantizar una inversión adecuada en protección social para los niños, idealmente a través de las prestaciones universales por hijo a cargo para apoyar a las familias en todo momento”.

En la misma línea, la directora de Política Social y Protección Social de Unicef, Natalia Winder-Rossi, arguyó que “existe la necesidad urgente de fortalecer, ampliar e invertir en sistemas de protección social que tengan en cuenta las necesidades de los niños y sean capaces de responder a las crisis a fin de proteger a los niños de la pobreza e incrementar la resiliencia de los hogares más vulnerables”.

Por su parte, el trabajo advierte de que “las niñas y las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas por múltiples crisis”, reseñando que “experimentan tasas de pobreza más elevadas que los niños y los hombres y se enfrentan a múltiples barreras sistemáticas que obstaculizan la igualdad de género”.

De igual forma, los chavales con discapacidad o que viven en un hogar con un familiar con discapacidad son “más vulnerables a la pobreza y se enfrentan a obstáculos económicos para llevar una vida plena” y tienen “menos probabilidades de recibir una protección social adecuada”.

Por último, enumera las siguientes seis medidas para garantizar la protección social universal de los niños: acelerar el progreso hacia esta cobertura; garantizar niveles de prestaciones adecuados para un cambio significativo en la vida de los niños; proporcionar una gama integral de prestaciones que apoyen a los niños y las familias mediante un enfoque de ciclo de vida; asegurar una financiación sostenible y equitativa de los sistemas de protección social; construir sistemas de protección social basados en derechos, inclusivos, sensibles a las cuestiones de género, fundamentados en el diálogo social y capaces de responder eficazmente a múltiples crisis y choques, y que, por lo tanto, puedan beneficiar a los niños y a las familias; y velar por que los sistemas de protección social se adapten a la evolución del mundo del trabajo para mejorar la seguridad económica de los padres, los cuidadores y las familias.