“La pandemia de Covid-19 nos pilló a todos por sorpresa. Desde luego, empeoró la salud mental de aquellos que ya tenían problemas pero también impactó de forma espectacular en la población general”, afirmó.

A su juicio, todavía queda mucho para evaluar el impacto real de la Covid-19 en la salud mental de la población porque “pensamos que ya ha terminado pero todavía nos queda mucho”, solo se han visto los primeros efectos, apuntó.

Por todo ello, González Zapico reclamó más recursos para garantizar una atención adecuada a los problemas relacionados con la salud mental en el sistema público de salud. En su opinión, ésta “siempre ha sido la pariente pobre de la sanidad pública” y como ejemplo destacó que el 20 % de las patologías atendidas en el sistema público tienen que ver con este tipo de trastornos, que en su conjunto apenas reciben el 6 % del presupuesto. “Tenemos defectos de forma en la admisión en Primaria”, indicó, “y faltan además medios para el seguimiento".

La insuficiencia de medios y recursos humanos se aprecia sobre todo en la atención psicológica, según expuso el presidente de Salud Mental España, que sostuvo que muchos trastornos graves se evitarían si desde la Atención Primaria se pudiese ofrecer una atención adecuada a las afecciones más leves.

Otro dato que resaltó tiene que ver con la ratio de psicólogos respecto a la población, que en España es cuatro veces inferior a la media de la UE. “Tenemos 4 psicólogos por cada 100 habitantes, frente a los 18 que hay en el conjunto de la Europa comunitaria”. Si esto era ya así, “la pandemia ha venido a trastocarlo todo” y resaltó que el 93% de los países interrumpieron los programas de atención psicológica, por no considerarlos prioritarios.

CONTRA EL SUICIDIO

Durante el acto se emitió un vídeo protagonizado por un actor con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), quien reclamó una Ley de Salud Mental y de Prevención contra el Suicidio de ámbito estatal. El actor, que reconoce haber tenido ideaciones suicidas durante la pandemia, subrayó que cada día 10 personas se quitan la vida en España. “Tristemente no se podrán salvar ya esas vidas pero sí se puede hacer algo por las 20 que cada día lo intentan".

Incidió en que la inversión en este terreno no llega ni a la mitad de la media de la UE y lamentó la falta de atención en la sanidad pública. “Al final”, dijo, “solo reciben ayuda quienes pueden costearse un psicólogo especializado y privado”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Senado, Mayte Fernández, reiteró el compromiso del Gobierno con los derechos humanos y aseguró que la Estrategia Nacional de Salud Mental está “ya muy avanzada”.

Del mismo modo, agregó, el proyecto de ley para la creación de la especialidad de psiquiatría infantil se encuentra ya en el Consejo de Estado. Fernández abogó también por una mayor coordinación entre los recursos de salud mental, que ayudaría a la mayor sostenibilidad y eficacia del sistema. “Tenemos psicólogos en los colegios, en las unidades de atención a la mujer, en los centros de salud, en los recursos de atención a drogodependientes, etc. Una pregunta que deberíamos hacernos es si somos capaces de coordinarnos”, y llamó la atención sobre si “es necesario que un niño con problemas de salud mental tenga que pasar hasta por 10 especialistas”.

Mayte Fernández defendió también la creación de una asignatura, ya sea específica o trasversal, de educación emocional en las escuelas para “preparar a las futuras generaciones ante el mundo que viene” y contribuir a la desestigmatización de estos trastornos.

LÍNEA TELEFÓNICA

De hecho, González Zapico subrayó la necesidad de este tipo de formación y reivindicó la creación de una línea telefónica de prevención contra el suicidio, “similar al 016 contra el maltrato”. Este servicio debería enmarcarse en la estrategia Nacional de salud Mental, prosiguió, y servir para “asesorar y orientar a aquellas personas con problemas o a los compañeros de trabajo, familiares o amigos que puedan sospechar algo”.

Hasta el momento, todas las iniciativas de este tipo en España son de carácter privado, en el sentido de que se ofrecen a través de entidades. Por eso, reclamó la implicación del Estado, puesto que “la salud mental y el bienestar son un derecho, y como tal deben ser garantizados”. Este tema “ha de estar en la agenda pública porque solo así se le asignarán los recursos que precisa”, declaró, y "para eso hace falta un cambio de paradigma: entender que es una cosa de todos”.

Ello ayudaría a su vez a “normalizar” este tipo de trastornos, animaría a más afectados a buscar ayuda y favorecería que sus familias y amigos les apoyasen mejor, agregó Mayte Fernández.

Finalmente, la eurodiputada Maite Pagaza lamentó “lo poco que en Europa se habla de salud mental” y propuso incluir estos temas en los barómetros y estudios que lanza la Comisión Europea. “Trabajamos para impulsar una estrategia común en salud mental y para que 2023 sea declarado Año Europeo de la Salud Mental”, explicó. Sin embargo, “necesitamos recabar datos que nos ayuden a elaborar políticas”, concluyó.