Así se recoge en el ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos 2022’ publicado este jueves por la confederación, gracias a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Entre otras cuestiones, el informe hace especial hincapié en visibilizar y denunciar las carencias que tiene el mercado laboral y que impiden una inclusión social real de las personas con problemas de salud mental.

Según los últimos datos del INE de 2021, la discapacidad psicosocial es la segunda con menor tasa de empleo; de las personas con este tipo de discapacidad, solo un 17,7% tiene trabajo.

Tal y como recoge el documento, el estigma y los prejuicios que mantienen muchas empresas y administraciones públicas constituyen dos de las principales causas de la elevada tasa de desempleo y unos de los mayores obstáculos a los que se enfrentan las personas con problemas de salud mental. De hecho, un 11% de las personas diagnosticadas con un problema de salud mental dice no haber contado su diagnóstico a nadie.

El estudio revela que el miedo a generar desconfianza y a ser etiquetadas hace que las personas con trastorno mental eviten revelar su problema en una entrevista de trabajo. Solo un 12,9% de las que tienen un diagnóstico lo comparte con sus compañeros y compañeras.

Según los datos que aporta este informe, más de la mitad de las personas diagnosticadas han sufrido rechazo social (58,5%) o discriminación (55%). El trabajo es el lugar donde esta discriminación se sufre de forma más habitual, tal y como señalan una de cada tres personas.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, el informe llama a “mejorar, reforzar e impulsar medidas para que las personas con problemas de salud mental puedan trabajar.

Esto pasa por promover una cultura del trabajo que favorezca una buena salud mental; la formación y concienciación de todas las partes de la organización (desde directivos a empleados y grupos de interés); la adaptación del puesto de trabajo (accesibilidad psicosocial); el establecimiento de cuotas de reserva de empleo; el desarrollo de una red de apoyos; la creación de cooperativas sociales, y el establecimiento de entornos protegidos enfocados a la inclusión social.

Asimismo, la confederación exige desarrollar y generalizar la figura del asistente personal, a fin de promover la inclusión y la autonomía de estas personas.

AMBIENTE LABORAL

El ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental 2022’ reivindica también que las empresas efectúen un replanteamiento de su funcionamiento, puesto que el ámbito laboral se perfila como una de las principales fuentes de origen de problemas de salud mental.

Según una investigación académica, publicada por la Universidad Pontificia Comillas y la Universidad Carlos III de Madrid, los trastornos mentales son la segunda causa más habitual (15%) de baja laboral grave (las que llegan a 12 meses), solo por detrás de los problemas musculoesqueléticos.

La investigación concluye que asegurar unas condiciones de empleo adecuadas podría reducir un 60% los casos de mala salud mental de las trabajadoras y un 80% los casos de los trabajadores.

A través de este informe anual, Salud Mental España anima a los equipos de recursos humanos y de dirección a crear una cultura de empresa que favorezca una eliminación, o al menos una reducción, del estigma en torno a la salud mental, de manera que las personas se sientan cómodas y capaces de hablar de los problemas y generar sinergias de apoyo y comprensión, que vayan acompañadas a su vez de medidas para controlar factores de riesgo (como la carga y las horas de trabajo).

El pasado mes de diciembre, la confederación Salud Mental España puso en marcha el Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad, gracias a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El Observatorio es un espacio de denuncia, reflexión, información y defensa de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental.