El secretario de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Nacho Álvarez, subrayó que en esta legislatura se apostó por el diálogo con “interlocutores sociales, organizaciones empresariales y sindicales más seguramente que ningún otro gobierno en la democracia”, pero, en paralelo, han querido articular un “diálogo civil” con las entidades del tercer sector porque “prestan una cantidad diaria de servicios enorme” y tienen “el mismo derecho o más de formar parte del diálogo con las Administraciones Públicas”.

Como ejemplo impulsado en su Ministerio, señaló el acuerdo para un nuevo modelo de residencias o de atención a la dependencia acordado con comunidades autónomas y también con las entidades del tercer sector. “Creo que hay lecciones que, al margen de quien está en el gobierno, deberían quedar y una es que el diálogo no sólo ayuda a resolver mejor los problemas, sino que además hace que las soluciones sean más duraderas”, señaló.

Asimismo, señaló que “más allá del diálogo continuo y de los acuerdos”, algo “más importante” es la necesidad de “mantener y fortalecer los puentes”, ya que, pese a las diferencias que se puedan producir durante una negociación, uno “nunca debe erosionarlos”.. “El tercer sector y la Administración hemos colaborado muy bien, pero también hemos tenido diferencias y sobre ellas hemos construido y hemos resuelto problemas”, dijo.

Por su parte, la directora de Derechos Sociales e Inclusión en la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, Katarina Ivankovic-Knezevic, señaló que la participación de la sociedad civil “es algo que está muy arraigado en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea” y subrayó que esta participación es “un aspecto importantísimo de la cohesión social para contar con una sociedad civil fuerte, lo cual es fundamental para que haya una democracia genuina y real”.

No obstante, incidió que existe una segunda parte que es el seguimiento en la ejecución de las políticas. Poniendo como ejemplo la implementación de la Garantía Infantil Europea, señaló que se exigía la participación de la sociedad civil en la “preparación y en la ejecución” de la medida, pero también en la ·evaluación y el seguimiento” de los planes de acción nacionales que la implementaban.

TERCER SECTOR

Por otro lado, el vicepresidente de la Plataforma Tercer Sector y presidente de EAPN Europa, Carlos Susías, recalcó que “no se puede hablar defensa de democracia sin tener en cuenta a la sociedad civil” y esta, a través del tercer sector, debe buscar “no solo la defensa de derechos, sino la garantía y efectiva y el ejercicio efectivo de esos derechos” porque “de nada sirve tener el derecho, si luego no lo puedes ejercer”.

Susías defendió que el tercer sector está bien organizado a nivel europeo, pero lo que se necesita es que se les “reconozca claramente” como un “conjunto de la sociedad civil” para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones, no solo a nivel económico, sino en la “capacidad de articulación de un diálogo reconocido”. Así, puso como ejemplo la Ley del Tercer Sector española y se preguntó “¿Por qué no podemos tener un elemento de reconocimiento específico de lo que es el tercer sector a nivel europeo?”, encargando esta tarea a Social Platform.

“Necesitamos un poder y un papel semejante al de otros que sí tienen todo tipo de recursos para acceder a cualquier tipo de institución o despacho y nosotros necesitamos el apoyo precisamente de las instituciones”, añadió. Susías señaló que el proceso de participación debe articularse porque “no puede quedar a la buena voluntad”.

En otra mesa, la directora de EAPN-Europa, Juliana Wahlgren, puso el foco en la necesidad “identificar las lagunas” y en “buscar oportunidades de mejora” en el proceso de diálogo civil, así como “facilitar plataformas para la contribución de los más vulnerables”, a los que es necesario dar apoyo evitando “el exceso de burocracia”. “La democracia no intenta únicamente garantizar la participación en un proceso concreto también tiene que crear espacios para nuevas demandas para que se pueda cuestionar el statu quo”, señaló.

Asimismo, incidió en las más de 500 reuniones que tuvieron representantes de las empresas de combustibles fósiles con el gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursuela Von der Leyen frente a los encuentros mantenidos con el tercer sector durante le mismo período. “No solamente estamos hablando de cómo trabajamos, sino también de la cantidad de los procesos en los que participamos”, protestó.

REPRESENTANTES DE LA DISCAPACIDAD

En su intervención, la secretaria general del European Disability Forum, Ana Peláez, explicó que la importancia de estos procesos de participación de la sociedad civil se sustenta en la promoción del ejercicio de “todos los derechos humanos y libertados fundamentales”, lo que implica “participar de forma activa a través de consultas efectivas en la adopción de medidas legislativas y de políticas públicas para hacer efectivos tales derechos humanos y tales libertades fundamentales”.

Así, destacó la importancia de participar en la derogación o modificación de leyes de reglamentos, costumbres y de prácticas existentes en la Unión Europea y en sus distintos Estados miembros que “continúan discriminando a determinados sectores de la población” y puso como ejemplo la consecución del derecho a voto para las personas con discapacidad. Asimismo, señaló que la sociedad civil tiene el deber de “velar y supervisar que las autoridades e instituciones europeas actúan conforme a estos enfoques de derechos humanos”, así como la denuncia de situaciones de discriminación.

Por otro lado, destacó el papel en la promoción de investigaciones para aportar datos sobre cuestiones relevantes de los grupos desfavorecidos. Peláez señaló que tener datos oficiales ayuda “a conocer una determinada realidad y hacer un diagnóstico para después poder diseñar políticas públicas adecuadas”. También reclamó “robustecer” los espacios de participación con la inclusión de las voces de estos colectivos desfavorecidos, no solo de las organizaciones que los representan.

Por otro lado, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, advirtió de que la paz social que caracterizó la construcción europea “se ha deteriorado” de tal manera que lo social es “lo más amenazado en el ámbito de la UE”. Para el experto, es un bien “que nadie discute y nadie se enfrenta a él, porque sería políticamente incorrecto, pero que se descuida enormente”.

Por ello, reivindicó el papel del tercer sector y pidió reconocer que este tiene “un poder emergente, muy frágil, precario y poca capacidad de decidir”, pero al mismo tiempo de que se trata de un poder “ciudadano” que “tiene que encontrar sus medios de expresión en la gobernanza, en la participación en la toma de decisiones, en el seguimiento de estas y en la evaluación de las políticas públicas”.

ASOCIACIONES

Asimismo, el secretario de la Junta de Concord, Javier García, subrayó que “una cosa es asistir y otra cosa es participar” y señaló que “la sociedad civil tiene que aspirar a influir, no solo a asistir o a participar”.

Además, apuntó distintos problemas a la hora participar como tener la información a tiempo o cuál es el objetivo de la participación y “de qué manera se va a vincular a un proceso legislativo”.

Por otro lado, la presidenta de Eurochild, Marie Louise Coleiro, alertó de un movimiento “contra los derechos de la infancia” que surge en Europa, por lo que hay que “garantizar que contamos con los mecanismos para hacer que los derechos de la infancia queden salvaguardados”.

Sobre la implementación de la Garantía Infantil Europea, señaló que no se pudo aprobar hasta el año 2021 pero todavía hay cuatro estados que no han presentado su plan de acción nacional para la implementación de la medida. Además, denunció que informes de algunos estados miembros “han pasado por alto la opinión de las organizaciones de la infancia”.