La organización valoró el “esfuerzo del Ministerio por tratar de reconducir una situación injusta y discriminatoria que venía sucediéndose en las últimas convocatorias de becas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, pero lo consideramos insuficiente dado que no revierte la situación de discriminación que afecta a una parte de este alumnado, siendo uno de los grupos más afectados el alumnado con sordera”, afirmó.

Fiapas recordó que, hasta 2020, “el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad podía acreditar esta condición mediante certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación dependientes de la administración educativa correspondiente”.

Sin embargo, a partir de la convocatoria 2020-2021, hasta la actualidad, “solo pueden acceder a estas ayudas quienes estén en posesión de un certificado de un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y es preciso recordar que este porcentaje resulta de aplicar un baremo ajeno al ámbito educativo, que no evalúa las necesidades educativas, ni de aprendizaje”, señalaron desde Fiapas.

Así, demandó al Ministerio que “se restituyan los anteriores criterios de acceso a esta convocatoria de ayudas, que conceptualizaron la discapacidad como una situación personal de la que derivan determinadas necesidades educativas especiales”.

Igualmente, explicó que “el Real Decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que reduce al 25% el grado de discapacidad exigido para que este alumnado pueda acceder a las ayudas, no da respuesta al alumnado que presenta necesidades educativas especiales”. Por esto, “establecen, para una parte del alumnado con discapacidad, un filtro de acceso a la misma, exigiendo la presentación del certificado del grado de discapacidad”.

Desde Fiapas detallaron que “continuaremos trabajando para lograr que se restaure la posibilidad de acreditar las necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad a través de certificado e informe emitido por las instancias propias de las administraciones educativas”.

"Se trata, por tanto, de evitar en el caso de este alumnado sumar riesgos de fracaso o abandono escolar prematuro por falta de apoyos y de poder ejercer su derecho a la educación en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades”, concluyeron desde Fiapas.