La CNSE explicó que esta decisión implica que el Estado se tiene que comprometer a salvaguardar y proteger las lenguas de signos en España, “tal y como han venido haciendo hasta ahora las entidades de la red asociativa CNSE”. Además, el presidente de CNSE, Roberto Suárez, señaló que “son lenguas naturales completamente congruentes con la tipología de la lingüística universal que se han transmitido de generación en generación en el seno de su comunidad lingüística, han evolucionado en respuesta a su entorno, y contribuyen al sentimiento de identidad y continuidad”.

De este modo, a las obligaciones estipuladas en el Reglamento que desarrolla la Ley 27/2007 acerca de la necesidad de preservar las lenguas de signos se suman ahora las establecidas en la Ley 10/2015 de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que según afirmaron desde la CNSE, “propiciará su adecuada difusión, transmisión, documentación, investigación, promoción y valorización de estas lenguas históricamente minorizadas”.

En este sentido, si bien la entidad confía en que dicha protección se hará extensiva a las dos lenguas de signos reconocidas legalmente en España, apuntó a la conveniencia de que en el real decreto que oficialice esta iniciativa se haga mención expresa también a la lengua de signos catalana.

Finalmente, Suárez instó a las administraciones públicas a incentivar la creación artística y la formación a través de las lenguas de signos, así como su presencia transversal en todas las políticas que se pongan en marcha, “nuestra visión del mundo, nuestros patrones creativos, y nuestro comportamiento social, costumbres y valores se arraigan en el uso de estas lenguas, y como tal, deben estar representadas como corresponde”.