En su intervención, Luis Barriga reflexionó sobre los retos que plantea el envejecimiento de la población española recurriendo a la propia situación del Imserso, “un organismo complicado de gobernar, porque cada año se jubilan cien de sus trabajadores y hemos tenido problemas para incorporar nuevo personal”.

En ese sentido, constató que se está ante un “punto de no retorno” en las sociedades occidentales, en las cuales “se ha tomado conciencia de la necesidad de garantizar los derechos de las personas de edad; el fenómeno es imparable”.

Por ello, comentó la importancia de “dar apoyo a todas las personas que cuidan”, ya que actualmente “no salen las cuentas”. Esto le sirvió para deslizar que en los próximos 15 años se requerirán entre 290.000 y 300.000 cuidadores de personas mayores y de aquellas que se encuentran en situación de dependencia, a las que habrá que mejorar las condiciones laborales y salariales que se ofrecen en la actualidad, ya que, en caso contrario, “ni estarán ni se las esperará”. “Como no se mejoren, ahí habrá problemas”, apostilló.

A su vez, Luis Barriga se mostró convencido de que “más pronto que tarde se darán pasos para la concreción de una convención de derechos de las personas mayores” por parte de la ONU, una de las reivindicaciones clásicas del movimiento asociativo de este segmento de la población.

Tras sugerir que será necesaria una reforma de la ley de dependencia para adaptarla a los preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, criticó la rigidez con que la norma fue redactada, ya que la persona dependiente “tiene una necesidad de apoyos que evoluciona a lo largo de la vida”.

Por su parte, deploró la tendencia de “sacar a las personas mayores de sus contextos vivibles a otros más asépticos, pero poco humanos en materia de cuidados, en los que pierden sus derechos en cuanto entran”, en lo concerniente a las decisiones propias de su vida cotidiana.

También llamó a “dimensionar los centros residenciales a los entornos”, puesto que éstos “no pueden ser hospitalitos”, ni estar ubicados en “polígonos industriales”.

Luis Barriga cerró su intervención aseverando que “no podemos permitirnos que haya discriminación por cuestiones de edad en la sociedad”, lo que le dio pie a argüir que “todas las políticas tienen que estar basadas en derechos”, que “no pueden ser aquello que se puede pagar”.

Antes de la intervención del director del Imserso, hubo un turno de parlamentos a cargo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de la presidenta de la UDP, Inmaculada Ruiz, y del presidente de la PMP, Ángel Rodríguez.

En su discurso, Batet propugnó que la dignidad de los ciudadanos está tallada en el “frontispicio de la Constitución”, concretamente en su artículo 10.1, un exordio que le permitió señalar que “uno de los factores que hace a una sociedad decente es el trato que dispensa a las personas de mayor edad”, cuyos derechos han de ser una prioridad de las distintas administraciones.

La presidenta de la Cámara Baja defendió la revalorización de las pensiones públicas, que, a pesar del “esfuerzo presupuestario” que comporta, debe acometerse, “porque lo exige la dignidad de las personas mayores”.

Batet remató su alocución observando que “asistimos a cambios de hábitos de vida que impactan en la vida de las personas mayores y necesitamos que las administraciones se adapten a esos cambios para que se garanticen sus derechos y su plena autonomía”.

En su turno de palabra, Inmaculada Ruiz refrendó la necesidad que tienen las personas mayores de “disfrutar de salud y de los mismos derechos que el resto de las personas, tengan la edad que tengan”. A pesar de reconocer que “hemos avanzado mucho”, dejó caer que “queda mucho camino”.

En la misma línea, Ángel Rodríguez llamó a situar el envejecimiento de la población al mismo nivel del cambio climático, teniendo en cuenta la evolución de la población en las próximas décadas, en términos de agenda y de dotación presupuestaria.