La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha adoptado una resolución en la que invita a sus 47 Estados miembros a tener en cuenta el sector de la discapacidad en todas las cuestiones políticas y a destinar los recursos financieros necesarios para ello, a la par que se desarrollan medidas contra la discriminación y violencia.

Para acelerar la integración de las personas con discapacidad en la sociedad y el respeto de sus derechos, la Asamblea ha solicitado a los gobiernos que aseguren la plena igualdad del colectivo en la accesibilidad a la educación, empleo sostenible y atención sanitaria, así como en otros sectores relacionados con el transporte y los espacios públicos.

Entre los datos ofrecidos, la resolución 1642 sobre la plena y activa participación de las personas con discapacidad en la sociedad, anuncia que 650 millones de personas en el mundo padece algún tipo de discapacidad, con una proporción especialmente alta en Europa, que alcanza ya los 200 millones. A ello se suma una correlación entre la edad y la discapacidad, por la que el envejecimiento de la población en Europa y la mejora de la atención sanitaria elevan progresivamente el número de personas con discapacidad.

La Asamblea invita así a fijar un marco jurídico que eleve la protección y defensa de las personas con discapacidad, y sus plenas garantías como ciudadanos mediante el establecimiento de instituciones y organismos de inspección independientes.

En materia de empleo, la Asamblea recuerda la necesidad de garantizar la absoluta integración de las personas con discapacidad al mercado laboral de forma sostenible e igualitaria. Para ello considera necesario animar al colectivo de personas con discapacidad a trabajar siempre que puedan y a los empresarios a contratarlos adaptando los puestos específicamente destinados para ellos si fuera necesario y reservando otros nuevos a este colectivo.

Al respecto, la resolución solicita tener en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad en la legislación y reglamentación sobre salud y seguridad, eliminando toda disposición discriminatoria.

Otro de los ámbitos destacados es el de la educación, en el que pide el reconocimiento, principalmente de los niños con discapacidad independientemente del grado que presenten, a un acceso equitativo en todos los niveles de la enseñanza, prestando especial cuidado a las necesidades formativas de los niños residentes en centros especializados.

El aprendizaje y la formación profesional a lo largo de toda la vida, la accesibilidad de los programas y materiales pedagógicos del sistema de enseñanza general, y la sensibilización de los otros niños hacia la discapacidad desde una edad temprana como parte del plan educativo, también estuvieron a la orden del día.

Especial hincapié se ha hecho en que los Estados garanticen el acceso a una educación no tradicional, con el objetivo de que las personas con discapacidad desarrollen aptitudes que no podrían adquirir en la educación normalizada.

Para la Asamblea, destaca la resolución, crear una sociedad para todos implica poder disfrutar del entorno en igualdad de condiciones y ejercer todos los derechos fundamentales, siendo necesario suprimir los obstáculos que impidean del desarrollo de una vida normalizada.

Al respecto, recomienda introducir el concepto de accesibilidad en todos los sectores relacionados con la construcción, como la arquitectura e ingeniería, teniendo en cuenta no sólo la edificabilidad de los inmuebles, sino también la urbanidad de las calles, los locales culturales, deportivos y el transporte.

En materia de deporte, solicita la promoción del movimiento paralípico, reforzando la investigación científica en este área, el entrenamiento deportivo, un modo de vida sano y métodos psicológicos de reeducación para la integración y reinserción social.

En cuanto a la sanidad, la resolución resalta la necesidad de fijar medidas eficaces de detección, diagnóstico y tratamiento de la discapacidad en fase precoz, y promover la consulta a las personas con discapacidad o a sus representantes en el proceso de toma de decisiones sobre sus cuidados. Para ello, conviene vigilar que la información relativa al estado de salud se ofrezca de manera comprensiva, recuerda.

También aconseja garantizar que los profesionales sanitarios acepten la dimensión de los derechos humanos y sociales de las personas con discapacidad y no se concentren únicamente en el aspecto médico. Además, pide elevar el número de profesionales, especialmente de trabajadores sociales, transmitiéndoles una cultura de prevención del maltrato en los centros.

Dado el envejecimiento progresivo de la población, la Asamblea estima que es urgente efectuar investigaciones sobre la atención sanitaria propia para las personas mayores con discapacidad y elaborar estudios económicos al respecto, así como promover la investigación científica aplicada a las nuevas tecnologías y productos que favorezcan una mayor autonomía y participación en la sociedad.

Considerando la actitud de parte de la sociedad, los prejuicios y mentalidad como obstáculos principales para la integración social de las personas con discapacidad, la Asamblea pide a los Estados miembros que intensifiquen las campañas de información y sensibilización, perseguir y reprimir las prácticas discriminatorias y actitudes inaceptables como los malos tratos, y difundir ejemplos de buenas prácticas, principalmente entre los jóvenes, en todos los ámbitos educativos, profesionales y sociales.

Finalmente, la Asamblea invita a sus miembros a demostrar su voluntad política en el ámbito de la discapacidad ratificando y poniendo en marcha tanto la Carta social europea sobre el sistema de reclamaciones colectivas que permite a ONG presentar reclamaciones ante el Comité europeo de derechos sociales en caso de que estos hayan sido vulnerados por sus gobiernos, como la Convención de la ONU que permite a los particulares y grupos de particulares hacer valer sus derechos.