En el texto incide en que el efectivo es de “una enorme importancia para la inclusión social y el acceso a los servicios básicos”. Al mismo tiempo se destaca que, a pesar de que la pandemia ha acelerado el crecimiento de los nuevos modelos de pago digitales, “el efectivo sigue siendo el medio de pago preferido de los consumidores en sus puntos de venta y en las transacciones minoristas entre particulares”.

Igualmente, el CESE pide en el dictamen recientemente aprobado que se legisle para garantizar el derecho de acceso en condiciones justas, razonables y no discriminatorias a las tecnologías de infraestructura que se consideren necesarias para apoyar la prestación de servicios de pago, así como que se “armonice la aceptación del efectivo a escala de la UE ya que actualmente difiere considerablemente de un país a otro”.

El dictamen apunta que una de las consecuencias de la crisis de Covid-19 ha sido que ciertos minoristas han decidido no aceptar temporalmente el efectivo, y a ese respecto el texto insiste en que el efectivo es moneda de curso legal garantizado por los Tratados y que la evolución en el uso del efectivo debería estar impulsada por la demanda, siendo clave “garantizar su aceptación”.

Afirma igualmente que las reglas sobre la aceptación de efectivo son diferentes de un país a otro y, por tanto, que es necesaria una homogenización a nivel europeo.