La orden ha sido firmada por la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, y modifica el manual de gestión y el procedimiento de gestión del itinerario del Sistema Nacional de Acogida para “adaptar la estancia y los recursos ofrecidos en cada fase a los plazos de resolución de las solicitudes de protección internacional”.

Esta segunda fase, que ahora queda limitada a los asilados con protección internacional, comienza cuando las personas terminan su estancia en los centros de acogida y precisan de un apoyo suplementario. En ella, se aseguran las prestaciones básicas y se complementan con ayudas económicas. Ahora estarán reservadas a personas con esta protección.

El resto de los destinatarios realizarán su “itinerario completo en primera fase”, es decir, en los dispositivos de acogida, cuyo plazo máximo es de seis meses. “La finalidad de esta primera fase consiste en ofrecer prestaciones básicas como alojamiento y manutención y ayudarles en la adquisición de habilidades necesarias para iniciar una vida independiente”, explicó el Ministerio.

La segunda fase, a la que a partir de ahora solo accederán quienes hayan sido reconocidos como beneficiarios de protección internacional, comienza cuando las personas terminan su estancia en el dispositivo de acogida y precisan de un apoyo suplementario.

La secretaria de Estado prevé en esta instrucción la posibilidad de que la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria determine qué otros destinatarios podrían acceder a esta segunda fase en caso de no cumplir con este nuevo requisito.

En los últimos años se ha producido “un notable incremento en las solicitudes de protección internacional”. Mientras que en 2017 se presentaron 31.740 solicitudes de asilo, en 2018 aumentaron hasta 55.668, alcanzando en 2019 la cifra de 118.273 solicitantes.

Alrededor del 30% de las personas que solicitan asilo demandan también acceso al Sistema de Acogida, que está obligado a atender a todos aquellos solicitantes que carezcan de medios que cubran sus necesidades básicas.