Fuentes gubernamentales explicaron que este cambio implica modificar el artículo 49 de la Constitución que dice: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

Las fuentes consultadas indicaron que todavía no está decidido cómo quedará redactado este artículo pero sí que el Ejecutivo tiene clara la iniciativa política una modificación de la Constitución para corregir esa cuestión, que ha sido fuertemente reclamada en los últimos meses desde el sector de la discapacidad.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ya avanzó en julio en su primera comparecencia parlamentaria que su Gobierno se ha propuesto sacar de la Constitución el término "disminuido", con una modificación que consideró necesaria porque el lenguaje juega un "importante papel" en la sociedad, y dijo que ha encargado un estudio a la RAE para que revise el lenguaje machista de la Carta Magna.

No obstante, por el momento la reforma sólo quedará sujeta a este artículo y a eliminar ese término y no a una revisión total del lenguaje que se emplea en la Constitución.