Sólo en los últimos cinco meses, España ha recibido más de 46.000 solicitudes de asilo procedentes de personas que huyen de sus países de origen. Esta situación ha ocasionado una cola de más cien mil solicitudes pendientes de las que sólo acaban prosperando, según CEAR, en torno al 24%.

“Tenemos que volver al espíritu del Aquarius”, demandó la directora general de la ONG, Estrella Galán, durante la presentación del Informe CEAR 2019, que da cuenta de la situación española respecto al acogimiento de refugiados y asilados. En este documento, la entidad humanitaria destaca que, mientras España sólo acepta una de cada cuatro solicitudes, la media europea se sitúa en el 38%, más de diez puntos por encima.

“Han ganado terreno los movimientos xenófobos que, tras una crisis desgarradora, han convertido a los migrantes y refugiados en el objetivo clave con la excusa de cuidar lo nacional, lo nuestro. Todo eso está contaminando todo el debate político y social”, denunció Galán, que lamentó una “intoxicación” de los partidos demócratas por culpa de las formaciones xenófobas.

A su juicio, los partidos progresistas “han aminorado su defensa de los Derechos Humanos por miedo a los resultados electorales”, por lo que les pidió “dar un paso al frente” y situar las políticas humanitarias en el centro. De hecho, si en agosto de 2018 había 63.780 solicitudes de asilo pendientes en España, actualmente ya se superan las 100.000.

Esto coloca al país en el segundo lugar tras Alemania, que cuenta con 366.505 expedientes sin resolver. Para el presidente de CEAR, Carlos Berzosa, la situación de estas personas “es una gran tragedia que nunca ha dejado de existir, pero que se ha intensificado en los últimos años con crisis como la de Siria o Yemen”.

Y es que “vivimos en un mundo que, por una parte, avanza; pero al lado de este avance está el hambre y sigue existiendo la pobreza, incluso en nuestros países desarrollados”, declaró el presidente de la ONG durante la presentación celebrada en Madrid.

La directora de Políticas de CEAR, Paloma Favieres, también intervino para poner de relieve la situación de las personas que fueron rescatadas en aguas de Mediterráneo por barcos de rescate como el Open Arms o el Aquarius, personas que “deben recibir protección de las autoridades españolas” porque “sería contradictorio haberles rescatado y ahora abandonarles a su suerte”.

MÁS DE DOS MIL MUERTOS

Ante esta situación, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado espera que el Gobierno “enfoque sus políticas rescatando el espíritu del Aquarius” -una de las primeras decisiones del Ejecutivo socialista fue acoger a las personas rescatadas en el Mediterráneo por este buqe- y “lidere una nueva forma de hacer política con Portugal o incluso con Francia” para hacer frente a la crisis migratoria desde una perspectiva de Derechos Humanos.

Se estima que el año pasado murieron en aguas del Mediterráneo alrededor de 2.300 personas. De ellas, según los datos de CEAR, 800 iban camino de España. Ante tal escenario, denunció la ONG, la actitud de los países europeos está siendo “criminalizar la labor solidaria de salvamento”.

“Hablamos de asalto a la valla, desafío o combatir la inmigración” y se presenta a los asilados y refugiados como “grandes amenazas”, explicó la directora general. Por eso, la organización humanitaria llama a acabar con el “discurso bélico” que se emplea para hablar de inmigración.