Greenpeace aporta estas consideraciones en su informe 'Ecoembes miente. Desmontando los engaños de la gestión de residuos de envases domésticos', presentado en una rueda de prensa telemática por Mario Rodríguez y Julio Barea, director y responsable de residuos de esta organización, respectivamente.

Rodríguez indicó que el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Ecoembes presenta "deficiencias" tras dos décadas en las que "no ha conseguido poner fin a la balanza de contaminación plástica" y calificó de "fracaso" la gestión del "monopolio de Ecoembes", formado por empresas envasadoras, de materias primas y de distribución, porque "apenas recicla en su contenedor amarillo un 25% de los envases de plástico" y es "uno de los principales obstáculos para el reciclaje" en España.

"Estas compañías están utilizando Ecoembes como una 'pantalla' con el fin de limpiar su imagen, pero, a la vez, sin cortar el ritmo de producción y generación de envases contaminantes. Es más, ni siquiera tienen la intención de crear sistemas más limpios, como puede ser el envase retornable", apuntó, antes de añadir: "Ecoembes no es, por tanto, una organización medioambiental, como a veces anuncian, y tampoco es una organización sin ánimo de lucro". Comentó que sus ingresos se han quintuplicado en los últimos 18 años y que en 2018 ascendieron a 578 millones de euros.

“DOS DÉCADAS PERDIDAS”

Rodríguez indicó que empresas adjudicatarias de Ecoembes "están guardando, enterrando y exportando plásticos de manera irregular, aprovechando las ambigüedades del sistema de control de exportación de residuos" y gracias a una "legislación laberíntica".

"Si mal está contaminar el país donde se consumen y se producen los envases plásticos, mucho peor es exportar los residuos a países donde la gestión de los residuos y los estándares que las regulan son más que cuestionables", comentó, antes de calificar esto como "inaceptable".

Rodríguez aseguró que "Ecoembes y sus empresas están bloqueando alternativas a su deficiente gestión de envases", como un sistema de depósito, devolución y retorno. "Hablamos ya de dos décadas perdidas en la lucha contra la contaminación plástica. Ha llegado el momento de poner fin a esta situación", indicó.

Greenpeace presentó el informe en "un momento oportuno", según Rodríguez, porque la reconstrucción por la crisis del coronavirus se hará en clave de transición ecológica, España debe transponer el próximo año la directiva europea de plásticos, se está desarrollando una estrategia de economía circular y el Gobierno prepara una reforma de la ley de residuos.

Cuando una empresa pone en el mercado un envase doméstico (plástico, aluminio, metal, papel-cartón...), lo hace imprimiendo un punto verde, que significa que se ha pagado un porcentaje para que Ecoembes recupere y recicle ese envase.

Según Greenpeace, Ecoembes genera un sobrecoste a las empresas productoras porque muchos envases por los que han pagado el punto verde no se reciclan y a la ciudadanía porque calcula a la baja lo que costará a los ayuntamientos la recogida de envases plásticos (por ejemplo, el sobrecoste asciende a 30 millones de euros anuales en el área metropolitana de Barcelona).

INVESTIGACIÓN EN OTROS PAÍSES

El informe de Greenpeace es fruto de una investigación desarrollada en España y otros países, como Ghana, Indonesia y Malasia. Barea subrayó que el trabajo duró "bastantes meses" por la "falta de transparencia" en conseguir datos.

Greenpeace afirma que la mayoría de los residuos plásticos acaba en vertederos o incineradoras, exportados, quemados o abandonados en el medioambiente.

Greenpeace ha documentado que residuos de envases de plástico españoles exportados a antiguas camaroneras de Malasia. El ministerio de Energía, Ciencia, Tecnología, Cambio Climático y Medioambiente malasio ha devuelto a España, en los dos últimos años, más de una veintena de contenedores de residuos plásticos que intentaban entrar al país ilegalmente. También ha encontrado indicios de exportación de plástico en otros países como Indonesia y Ghana.

Lo mismo ocurre dentro de las fronteras nacionales. Por ejemplo, en Utiel (Valencia) hay una instalación no habilitada para almacenar plástico en la que desde 2016 se acumula plástico de ocho empresas, seis de ellas homologadas y adjudicadas por Ecoembes. En ese vertedero se han depositado más de 30.000 toneladas de residuos plásticos mediante 'balas' de más de 350 kilos.

Además, Barea comentó el "alarmante aumento" de "incendios fortuitos" que se producen en plantas de reciclaje, muchas de ellas de empresas adjudicatarias de Ecoembes. Desde 2012 a septiembre de 2020, se han contabilizado 342 incendios en plantas de reciclaje; al menos hasta 2019, 35 de ellas aparecen en los listados de recuperadores y recicladores homologados por Ecoembes.

De estas 35 plantas, 26 han sufrido más de un incendio y algunas hasta cinco en este periodo. Unas reincidencias “sospechosas”, según Greenpeace, que han llevado al Seprona a hablar de un índice de intencionalidad de al menos un 15% y a las compañías aseguradoras a endurecer las pólizas en el sector ante esta alta siniestralidad.

Con todo, Greenpeace pidió a Ecoembes que destine la tasa obtenida por el punto verde a pagar los costes de gestión en su totalidad y deje de fomentar “falsas soluciones”. “El dinero recaudado por el punto verde debe ser gestionado por las administraciones locales que son las que recogen y transportan los envases y no por Ecoembes”, indicó.

Solicitó al gobierno y las comunidades autónomas que establezcan una legislación que fomente la reutilización y un sistema de gestión de residuos integral; a los ayuntamientos, que fomenten medidas para la reducción del plástico de un solo uso, y a los ciudadanos, que reduzcan en lo posible su consumo de plástico de un solo uso y sigan separando residuos hasta que haya “un sistema eficaz de gestión”.