El Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han impulsado una nueva normativa de coordinación de estas dos administraciones en lo relativo a los centros de menores con trastorno de conducta. Esta nueva norma, que empezará a aplicarse la próxima semana, obliga a informar a la Fiscalía de cualquier decisión que se tome con respecto a estos jóvenes.

De esta manera, se deberán poner en conocimiento de la Fiscalía decisiones como la entrada de un menor en un centro de adaptación psicosocial, la limitación de las salidas y régimen de visitas o la retirada de algún objeto portado por el joven que se considere peligroso o ilegal.

La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, y el fiscal del TSJM, Manuel Moix, explicaron hoy en rueda de prensa que "estas actuaciones de obligado cumplimiento darán mayores garantías de apoyo y atención para integrar a estos menores plenamente en la sociedad".

"La especificidad del trabajo educativo y social que se lleva a cabo con los jóvenes que requieren una adaptación psicosocial nos ha llevado a establecer un marco de actuación único para los centros en los que residen, y no para el resto de la red de residencias para menores de la Comunidad de Madrid", indicó Hidalgo.

Tanto la consejera como el fiscal negaron que la reforma tenga que ver con la polémica en relación con el reciente informe del Defensor del Pueblo en el que denunciaba maltratos en estos centros.

"La única actuación que se ha hecho tras lo dicho por el Defensor del Pueblo es que se realice una nueva visita sorpresa al Centro de Picón del Jarama", aseguró Moix, quien afirmó que "la Fiscalía nunca ha visto vejaciones ni malos tratos" y que no han recibido "ninguna denuncia o queja por parte de los trabajadores, las familias o los propios menores".