Los plazos fijados en dicha directiva son “el 28 de junio de 2025 en lo referido al despliegue de la capacidad para texto en tiempo real y conversaciones completas, y el 28 de junio de 2027, a más tardar, para que los Estados miembros mejoren sus sistemas de PSAP y puedan responder a las comunicaciones de emergencia”.

Así lo indicó recientemente la Comisión Europea en una respuesta escrita a la pregunta parlamentaria impulsada por la eurodiputada española Maite Pagazaurtundúa, a la que ha tenido acceso Servimedia.

En su petición, la parlamentaria recordó que “la Comisión ha señalado en sus informes periódicos sobre la aplicación del número europeo de emergencia 112 que es necesaria la actualización de los sistemas nacionales de PSAP a todas las comunicaciones de IP con el objetivo de preparar las comunicaciones de emergencia basadas en voz, texto y vídeo, que son fundamentales para las personas con discapacidad”.

“Para las personas con discapacidad existen, además, situaciones específicas, como las que tienen los sordociegos, que requieren del despliegue específico de dispositivos que también transmitan la localización del usuario en apuros o sean capaces de dar una respuesta rápida por vibración u otros medios”, recordó.

“Actualmente, las personas con discapacidad, y particularmente las personas sordas, experimentan dificultades en el uso y acceso a los servicios de emergencia a través del 112", denunció.

"NO DORMIRSE EN LOS LAURELES"

según la eurodiputada, “el 112 tiene fronteras en las comunidades autónomas”, y precisamente esta irectiva debe poner fin "a las barreras técnicas que impiden que sean asistidas en itinerancia". Aunque el Gobierno asegura que está "trabajando”, la eurodiputada llamó a “no dormirnos en los laureles”.

Por eso, el pasado junio formuló su pregunta a la Comisión Europea para saber “si hay alguna hoja de ruta”. “La competencia de aplicación es de los Estados, si no lo hacen a tiempo serán sancionados”, remarcó. “Estamos en puertas de algo grande. Hay que presionar e insistir”, recomendó al movimiento asociativo ante el actual 'impasse' político que vive España a la espera de una investidura para la formación del nuevo Gobierno.

REQUISITOS

Conocida como Acta Europea de Accesibilidad, la Directiva de la UE 2019/882 del Parlamento Europeo estableció los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios.

Gracias a ella, alrededor de 80 millones de personas con discapacidad en Europa, de las que 4,38 millones residen en España, dispondrán de productos y servicios más accesibles, garantizando sus derechos como clientas, consumidoras y usuarias y permitiendo su libre circulación sin discriminación y con mayor autonomía dentro de la Unión Europea.

Según subrayó el Gobierno español, esa directiva tendrá aplicación en productos informáticos como ordenadores y software, en máquinas de facturación o en los terminales de autoservicio interactivos que faciliten información, gestión de turno o los lectores electrónicos. Asimismo, serán accesibles las aplicaciones de los servicios de transporte de viajeros, los libros electrónicos y los servicios de comercio electrónico.

Las distintas normativas regionales suponen una barrera más para la generalización del acceso a productos y servicios en igualdad de condiciones, como ocurre en el caso del servicio de emergencias 112 para las personas sordas.

TRASPOSICIÓN

En 2022, el ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030 impulsó un proyecto de Ley para trasponer al ordenamiento jurídico español la citada Acta. Según el departamento que dirige en funciones Ione Belarra, España es uno de los pocos países que ha apostado por una transposición integral de la Directiva, dotándola de rango de Ley.

La trasposición de la Directiva supone un marco de requisitos mínimos de accesibilidad comunes en toda la UE, que hace más accesibles actividades cotidianas concretas como usar un datáfono o reservar un vuelo por Internet, así como el teléfono de emergencia 112.

En este sentido, en ningún caso será necesario ya un registro o procedimiento previo para que las personas con discapacidad obtengan respuesta a las comunicaciones con el número único europeo de emergencia 112, remarcó el Ministerio. Así, con la trasposición de esta Directiva, será posible acceder a un número único 112 común en todo el territorio español sin tener que registrarse previamente.

GRAN AVANCE

La Confederación de Familias de Personas Sordas (Fiapas) indicó en su web que el Acta Europea de Accesibilidad determina las condiciones de accesibilidad que debe reunir el número único europeo de emergencia 112: uso de voz, texto y video, sincronizados en tiempo real, para poder dar respuesta a las necesidades y a los distintos perfiles de comunicación de las personas sordas.

“Esto es un gran avance para favorecer la libre circulación de las personas con sordera, que accederán al servicio 112 desde cualquier punto de la geografía y no solo, como sucede hasta el momento, al de la comunidad autónoma en la que residen”, indicó el movimiento Fiapas la pasada primavera, tras conocerse la trasposición en España.

“A partir de ahora, el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas deberán garantizar que las comunicaciones de emergencia sean accesibles en todo el territorio español, incluso estando en itinerancia entre comunidades, tal como se presta el servicio para el resto de la ciudadanía sin este tipo de barreras aún presentes”, añadió.

INVESTIGACIÓN

A principios de verano, el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentó los resultados del proyecto ‘Access2Citizen’, cuyo objetivo consiste en garantizar la accesibilidad de los servicios telemáticos y telefónicos de emergencias.

El proyecto ofrece una serie de soluciones para que los servicios de Emergencias 112 sean accesibles a las personas con discapacidad sensorial y cognitiva. En primer lugar, supuso el diseño de un modelo de aplicación accesible de emergencias y la propuesta de arquitectura e integración de este servicio en la red de telecomunicaciones y centros de emergencia. Como complemento a esta iniciativa, se han editado guías de buenas prácticas para las administraciones públicas. La investigación del proyecto fue desarrollada por el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) del Real Patronato sobre Discapacidad, que gestiona la Universidad Carlos III de Madrid.