El objetivo del evento, que tendrá lugar en el Pabellón de América Latina y el Caribe (Blue Zone, Opportunity Petal), es explorar los desafíos y oportunidades que presenta la acción climática para las personas con discapacidad, en la reducción de los efectos negativos del cambio climático en las personas y grupos sociales más vulnerables, al mismo tiempo que se asegura que los beneficios y costos de la acción climática estén distribuidos de forma equitativa.

El encuentro tendrá un formato mixto. Se dará inicio al mismo con una intervención por parte de un orador principal que introducirá la temática. Será Elham Youssefian, asesora de Acción y Reducción de Riesgos de Desastres en la Alianza Internacional de Discapacidad.

A continuarción, un panel con expertos debatirán sobre el objetivo de este evento. Intervendrán Javier Güemes, director de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE; Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), e Isabel María Albaladejo Escribano, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Natalia Guala Beathyate, directora técnica de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE, expondrá las conclusiones

CAMBIO CLIMÁTICO Y DISCAPACIDAD

El IPCC ha venido enfatizando en todos sus informes que las comunidades más vulnerables, las cuales han contribuido en menor proporción al cambio climático, son las más afectadas por la presente crisis climática. Así, se estima que entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables a los efectos negativos de este problema global, señalando que esta vulnerabilidad aumenta por las desigualdades y marginalización vinculadas a cuestiones de género, etnia, ingresos económicos, viviendas informales, discapacidad, edad, entre otras.

Además, el cambio climático puede profundizar aún más las brechas de género, generacionales y socioeconómicas. Sin embargo, estas vulnerabilidades y riesgos pueden ser reducidos a través de leyes, políticas, procesos participativos e intervenciones específicamente diseñadas e implementadas para atender inequidades vinculadas a un contexto específico y basadas en el género, etnia, discapacidad, edad, ubicación e ingreso económico.

En este contexto, un grupo particularmente vulnerable al cambio climático es el de las personas con discapacidad. Esta vulnerabilidad aumenta al considerar el lugar donde viven y su capacidad para hacer frente a las diferentes amenazas climáticas. Se estima que 1.300 millones de personas tienen discapacidad, lo cual representa cerca del 16% de la población mundial; y 8 de cada 10 viven en países en desarrollo.

Además, las proyecciones sitúan a 18 millones de personas con discapacidad como desplazadas a 2050 debido a eventos climáticos extremos. La superposición de los efectos de la crisis climática con la discriminación, falta de acceso a servicios adecuados y la limitada o inexistente representación, tienen como resultado que las personas con discapacidad son dos veces más propensas a caer en la pobreza y tienen un 30% más de probabilidades de estar desempleadas a nivel mundial.

La preocupación aumenta si consideramos que a 2022 sólo 35 de los 192 países parte del Acuerdo de París hicieron una referencia explícita a personas con discapacidad en sus contribuciones nacionalmente determinadas, mientras que sólo 45 países lo han hecho en políticas y programas nacionales de adaptación.

En el caso de América Latina y el Caribe, existen cerca de 85 millones de personas con discapacidad, lo cual equivale a casi 15% de la población total. Alrededor de un tercio de los hogares tienen al menos una persona con discapacidad; mientras que 3 de cada 10 personas con discapacidad en la región reportan tener una discapacidad severa.

Las consecuencias del cambio climático también son visibles en los servicios de rehabilitación, disminuyendo su disponibilidad después de un desastre y agravando así los efectos de las lesiones causadas por éste.

En este sentido, las personas con discapacidad deben ser consideradas como tomadoras de decisiones en la acción climática. Dada la naturaleza propia de las discapacidades, este grupo social enfrenta desafíos diarios y resuelve problemas de manera sistemática, con lo cual considerarlo como agente de cambio en la lucha contra el cambio climático resulta esencial.