Entre los hogares “más perjudicados” destacó los que pagan una hipoteca variable, un gasto que aumentó un 30% en los últimos tres años, pero que no se contabiliza como tal en el IPC.

“Si se tuviera en cuenta junto con el resto de los gastos domésticos, tal y como hace el estudio, una familia bien asentada con dos hijos en edad escolar acumula una inflación media del 21,6%, lo que finalmente se traduce en un empobrecimiento del 15,5%”, sentenció.

Junto a ellos, quienes viven en alquiler en una gran urbe son otro colectivo “especialmente perjudicado que tampoco refleja bien el IPC”, según la OCU, que puntualizó que el peso que el IPC general concede al alquiler “es muy inferior a ese 40% de los ingresos que se pagan en muchas ciudades”.

“Como consecuencia de ello, una pareja joven que haya firmado un nuevo contrato después de 2021 en Madrid o Barcelona acumula una inflación doméstica del 18,8% y del 29,2%, respectivamente, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo del 12,7% y del 23,1%”, abundó.

Además, la OCU advirtió de que otro colectivo “perjudicado” son las familias con rentas bajas, al entender que, para “quienes vivan al día, sin capacidad de ahorro, este 10% de pérdida de poder adquisitivo implica no poder pagar a tiempo un recibo o no alcanzar a pagar bienes de primera necesidad”.

Tras la vivienda, los gastos que “más crecieron” desde 2021 fueron los relacionados con la alimentación, el transporte y el ocio, y la organización puso como ejemplo que, para el caso de una pareja sin hijos, el coste en alimentación ha subido en 105 euros al mes; en automóvil y transporte pagan 52 euros más; y en ocio, 65 euros más.

Por el contrario, en vestido y calzado su factura mensual apenas ha aumentado en cinco euros más, ocho euros en bienes para el hogar, y 10 euros en conservación de la vivienda y suministros.

Entre los “cambios más urgentes” a acometer por parte del Gobierno para revertir esta situación, la OCU consideró que, en el caso de la vivienda, debería “facilitarse” a los hogares con hipoteca variable cambiar a una hipoteca fija, reactivando la exención de la comisión por cancelación y, en lo que respecta a los alquileres, “impulsar de una vez por todas el alquiler público de vivienda social”, que, denunció, se encuentra “en mínimos históricos”.

A su vez, estimó que el actual precio de los alimentos es “otro motivo de preocupación” que “apenas ha paliado la reducción del IVA”, por lo que juzgó “imprescindible aumentar de forma sustancial” el cheque de 200 euros para familias con ingresos inferiores a 27.000 euros, así como el número de beneficiarios, aumentando el límite de ingresos.

Por último, defendió que, “al igual que se mantienen las ayudas al transporte público hasta final de año, debería prolongarse más allá de junio la reducción de los impuestos a la electricidad y al gas”, ya que, según sus cálculos, “suponen un ahorro conjunto de 370 euros al año para un hogar medio”.