Así lo refleja el informe ‘Más que cifras’, presentado este jueves por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en el que analiza los datos de asilo de España en 2023 y, según el cual, al número de solicitantes de asilo hay que añadir las 33.928 solicitudes de protección temporal de personas desplazadas por la invasión rusa de Ucrania, que en total suman 195.000 desde el 24 de febrero de 2023, según precisó la organización en un comunicado.

En este contexto, lamentó “profundamente” el descenso de resoluciones favorables del 16,5% al 12% actual, “rompiendo”, a su juicio, la “tendencia al alza” de los dos últimos años y “alejándose más de la media europea”, que se situó en torno al 40% en 2023.

Asimismo, recalcó que las peticiones de asilo repuntaron pese a los “enormes y graves obstáculos” que están teniendo las personas para acceder al procedimiento de asilo, al entender que las “dificultades” para conseguir citas para manifestar la voluntad y formalizar las solicitudes de asilo “se siguen cronificando y dejan a miles de personas en un limbo legal durante meses”, lo que, subrayó, “vulnera la Directiva Europea de Procedimientos”.

Por países, Venezuela, con 60.534 solicitudes, Colombia (53.564) y Perú (14.308) representaron casi el 79% del total en un listado en el que les siguen Honduras, Cuba, Marruecos, Nicaragua, Senegal, Rusia y El Salvador, lo cual, para la organización, “confirma un año más que la mayoría de las personas que solicitan asilo en España llegan a través de frontera aérea”.

QUIENES "ARRIESGAN" SU VIDA

Sin embargo, advirtió de que este año ha “aumentado considerablemente” el número de personas que “tienen que arriesgar su vida para llegar a Canarias”, como demostraría, a su juicio, la “irrupción” de Senegal entre los principales países de origen, ante la “grave crisis sociopolítica que atraviesa el país africano, entre otros motivos”.

En paralelo, explicó que las solicitudes de nacionales de Rusia “casi se triplicaron”, como consecuencia de que “cada vez más personas” de este país “tienen que huir desde que comenzó la invasión de Ucrania”, debido sobre todo al reclutamiento forzoso y a la situación de “deterioro” de los derechos humanos, “especialmente” para las personas Lgtbiq+.

En su conjunto, hubo 88.042 resoluciones, de las cuales un 40% fueron desfavorables, un 47% se resolvieron vía razones humanitarias, un tipo de protección “menos garantista” según CEAR y que se concede en su “inmensa mayoría” a personas de Venezuela y apenas un 12% fueron favorables, dado que solo a 11.163 personas se les concedió el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria.

El 53% de los solicitantes de asilo fueron presentadas por hombres y el 47% por mujeres, 22.593 más que el año anterior, mientras el 19% del total de las peticiones fueron formalizadas por menores de edad acompañados por sus familias. El 97% de las solicitudes se presentaron en territorio y el 3% en puestos fronterizos, Centros de Internamiento Extranjero (CIE) o a través de extensiones familiares en Embajadas y Consulados españoles.

Por regiones, la Comunidad de Madrid lidera el número de solicitudes de asilo, con 52.684, seguida de Andalucía, con 25.948, Cataluña, con 14.775, Canarias, con 8.621, Galicia, con 8.438 y la Comunidad Valenciana, con 8.041.

SOLICITUDES PENDIENTES

Por otro lado, la organización alertó de que “siguen aumentando alarmantemente” las solicitudes pendientes de resolución y de que un total de 191.095 personas esperan “durante meses, e incluso más de un año”, una decisión de la que “depende su vida y su acceso a derechos fundamentales”, un 56% más que el año pasado, cuando, según su punto de vista, “ya la situación era extremadamente preocupante”.

Según su criterio, en la “cara negativa” del reconocimiento de protección, se encuentran un año más las personas que tienen que “huir” de Colombia. Casi el 94% de sus solicitudes fueron resueltas “negativamente”, pese a las “graves amenazas” que sufren activistas y líderes comunitarios en este país.

Al mismo tiempo, CEAR también llamó la atención sobre la denegación “sistemática” de las solicitudes de personas procedentes de Senegal, un país “golpeado por una fuerte crisis sociopolítica”. El 83% de sus solicitudes fueron denegadas, lo cual, aseveró, “no evita que cada vez más personas arriesguen su vida en la peligrosa ruta atlántica o intenten buscar otras vías menos peligrosas, como los vuelos que hacen escala en Madrid”.

BARAJAS Y VISADOS DE TRÁNSITO

Por lo que respecta a la situación de Barajas y los visados de tránsito, el informe señala que en los puestos fronterizos solicitaron asilo 3.386 personas, un 25% más que el año anterior.

“Aunque suponen una mínima parte del total de solicitudes, este aumento refleja la situación vivida en las salas de asilo del Aeropuerto de Madrid-Barajas, ya que la mayoría se formalizaron en estas dependencias”, puntualizó CEAR.

Junto a ello, indicó que este incremento ha sido “exponencial” desde el pasado mes de agosto y ha provocado “retrasos” en la formalización de las solicitudes de asilo y una “situación grave de hacinamiento” que “vulnera los derechos fundamentales y la dignidad” de personas refugiadas de Somalia, Senegal, Venezuela, Colombia o Marruecos, entre otros países.

Ante esta situación, recordó que el Gobierno ha “impuesto”, entre otras medidas, un visado de tránsito aeroportuario a nacionales de Kenia desde el pasado 20 de enero y a personas senegalesas a partir del próximo 19 de febrero, además de pedir la colaboración a Marruecos para impedir que embarquen personas de Senegal sin visado Schengen expedido dos años antes.

“Con estas actuaciones, se impide el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas de Somalia que huyen de la grave situación humanitaria en su país y que llegaban a España con un pasaporte de Kenia. También supone un nuevo obstáculo para acceder a la protección que necesitan quienes huyen de Senegal, lo que les dejará como única alternativa arriesgar su vida en la mortífera ruta atlántica, en la que al menos 956 personas perdieron la vida el año pasado”, sentenció.

A este respecto, la directora general de CEAR, Estrella Galán, criticó que, “cada vez” que se produce un “aumento” de solicitudes de asilo de una “determinada” nacionalidad, que, dijo, “suele coincidir con conflictos o emergencias en sus países de origen”, el Gobierno “trata de frenar las llegadas imponiendo visados de tránsito”.

“Una medida que provoca que tengan que recurrir a rutas más peligrosas y que muchas tengan que poner su vida en manos de mafias, lo que se traduce en más muertes, sufrimiento y vulneraciones de derechos en las fronteras de Europa”, denunció, al tiempo que avanzó que CEAR seguirá “exigiendo por activa y por pasiva que, como contempla la Ley de Asilo, se posibilite solicitar asilo en embajadas y consulados”, la “única” medida “efectiva” que, a su parecer, “se debería tomar ante estas situaciones”.