En la exposición de motivos, Ciudadanos subraya que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y ratificada después por España, recoge en su artículo 33 el compromiso de los Estados para erradicar cualquier discriminación en todo lo relacionado con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales.

Así, pide asegurar que se reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges; a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos; y a mantener su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás personas.

Sin embargo, el artículo 156 del Código Penal permite la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente "siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil".

Ciudadanos considera que la permanencia de esa salvedad "constituye una grave anomalía en términos de estrictos derechos humanos" que solo obedece a "mitos" como "el bien de la familia", "la incapacidad de las mujeres con discapacidad para ser madres" o "por su bien".

El texto hace referencia a la advertencia del Comité de los Derechos para las Personas con Discapacidad sobre las "altas tasas" de esterilización forzosa entre mujeres con discapacidad, a las que a menudo se niega el control de su salud reproductiva y toma de decisiones, suponiendo que no son capaces de consentir una relación sexual.

En sus observaciones, ese Comité indica que "algunas formas de violencia, explotación y abuso puede considerarse tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y una vulneración de diversos tratados internacionales de derechos humanos", entre ellas el embarazo o la esterilización forzada realizada bajo coerción o de manera involuntaria.

La anticoncepción y la esterilización forzosa, alerta, también pueden dar lugar a la violencia sexual sin la consecuencia del embarazo, especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual, las mujeres internadas en centros psiquiátricos y otras instituciones y las mujeres privadas de libertad.

El texto alerta de que la esterilización forzada es una práctica más extendida de lo que la opinión pública considera, ya que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la última década se han practicado en España más de un millar, la mayoría de ellas en mujeres. Sólo en el año 2016 el Cermi, basándose en datos oficiales, señala que hubo 140 casos, y 865 casos más entre 2005 y 2013.

Ciudadanos recuerda que ya el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó oficialmente en 2011 a España la acomodación de su ordenamiento jurídico interno en este punto, aunque la respuesta ha sido la "inacción" de las administraciones.

Por ello, Ciudadanos propone modificar el artículo 156 del Código Penal para introducir una disposición según la cual "en el marco de la legislación básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, para la toma de decisiones recibirán los mismos siempre en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre, voluntaria, madura e informada".