Sánchez afirmó que “estas transformaciones deben hacerse con el mayor de los consensos, porque durante esta década hemos sufrido en España muchísimas contrarreformas, quiero pensar en la laboral y de las pensiones de 2012 y 2013 que rompieron, quebraron, el diálogo social”.

Por ello, el presidente ahondó en que “el Gobierno, todo el Gobierno, está comprometido en abordar la modernización de la legislación laboral para: uno, extirpar la precariedad laboral; dos, impulsar la competitividad de nuestra economía; y, tres, restablecer el reequilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores". “Una legislación así, con vocación de perdurar, se hará en España como se hace en Europa, con diálogo social y vocación de consenso”, zanjó Sánchez.

Sus palabras se enmarcan en un momento en el que la coalición de gobierno formada por PSOE y Unidas Podemos mantiene sus diferencias a cuenta de la reforma laboral. Desde la Vicepresidencia Segunda que lidera Yolanda Díaz se acusa a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de “injerencias”, mientras que el propio Sánchez ya afirmó el viernes pasado desde Bruselas que la reforma es “de todo el Gobierno y que todo el Gobierno aporta”. No se trata de “intervenir” o “intromisión”, es “aporte, colaboración, coordinación", respondió entonces a Unidas Podemos.

Sánchez reivindicó que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no implica “pérdida de empleo”, e insistió en que los salarios mínimos son “una herramienta de primer nivel en la reducción de la desigualdad”.

Dentro de su participación en este acto sobre ‘Seguimiento de la recuperación: más allá del PIB’, Sánchez afirmó que “el objetivo final es dar a nuestra sociedad un futuro sostenible, esperanzador, próspero, en democracia y seguro”.

A su juicio, la compleja realidad actual “nos conduce a diseñar políticas económicas que no se basen única y exclusivamente en el crecimiento del PIB, siendo como es un indicador importantísimo para medir el desarrollo económica de un país”, y apostó más por los indicadores de la Unión Europea y la OCDE que tienen en cuenta la calidad de vida.