El Proyecto de Ley llegó a esta cámara el 28 de diciembre de 2021 y recibió 128 enmiendas -cinco de las cuales fueron inadmitidas- por parte de los diferentes grupos que, en el transcurso del debate, agradecieron las aportaciones al proyecto por parte del Cermi y la ONCE.

La senadora socialista María Esther Carmona, defendió que se trata de una “ley eminentemente social y garantista, que protege y mejora la igualdad en las relaciones de consumo cuando realmente son más desiguales” y anunció que, tras un “arduo trabajo”, su grupo elaboró diez enmiendas transaccionales con el “único objetivo” de “mejorar la calidad de vida de los consumidores vulnerables” y “dotar de una mayor protección a las personas con discapacidad” que, a su entender, “necesitan específicamente unos soportes accesibles y comprensibles para ellas”.

“Debemos permitirles optar y adoptar sus decisiones de consumo de forma óptima”, abundó, para, a continuación, hacer suya la propuesta del Cermi y Fundación ONCE para que el Gobierno desarrolle reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille en productos de consumo “de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida especialmente de las personas que padecen discapacidad visual o ceguera como consumidores vulnerables”.

“Es un gran e importante avance para la supresión de barreras”, defendió, para recordar que actualmente en España y Europa “solo es obligatorio distinguir a través del braille los envases y embalajes para medicamentos” y que la información “no siempre es accesible para estas personas”, tal y como ocurre, a su entender, “con algunos productos de consumo masivo”, originando con ello “barreras en la compra y de su uso”.

Asimismo, hizo hincapié en la transaccional acordada por todos los grupos sin Ciudadanos ni Vox por la que se introduce una disposición final con un Plan de medidas para favorecer la inclusión financiera de las personas más vulnerables y “especialmente” de las personas de mayor edad, que insta al Gobierno a promover, en un plazo de tres meses, “las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por brecha digital”.

“Las personas mayores no se sienten bien tratadas por las entidades financieras”, abundó, para abogar por “buscar soluciones que mejoren un trato personalizado, el que merecen los mayores” y exigir “corresponsabilidad de todas las entidades financieras”. “Debemos procurar que esta sea una realidad, sobre todo en las zonas más despobladas”, aseveró, para señalar que el texto, que definió como una ley “social y humana”, también propone que las empresas puedan disponer de un periodo transitorio para “cumplir con sus nuevas obligaciones en relación con la accesibilidad y legibilidad” en los contratos con consumidores que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, “equiparando el texto legal a los vigentes en otros países del entorno”.

En la misma línea, el también socialista Manuel Ángel Fernández afirmó que las aportaciones del Cermi permitirán dar “un salto en accesibilidad para las personas con discapacidad visual que hace tiempo nos podría parecer muy lejano” con la puesta en marcha de la “generalización” del etiquetado en braille, si bien urgió a “no dejar de dar pasos en pro de la accesibilidad universal”, consciente de que el que este miércoles se ha dado “es muy importante” para mejorar la situación del casi 40% de personas que son consumidores vulnerables en España.

El senador afirmó que se trata de una “oportunidad” para la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal, para que ese porcentaje de consumidores “dejen de tener indefensión en las relaciones de consumo y para continuar trabajando por la inclusión financiera de las personas mayores. “Estamos ante uno de esos hitos históricos que pudieran parecer pequeñitos a priori pero que la fuerza de la dignidad de las personas transforman en todo un faro para el trabajo político, uno de esos hitos en los que no podemos fallar”, sentenció.

Por el PP, el senador Bienvenido de Arriba urgió a “prestar especial atención a la protección de los consumidores en el ámbito financiero, el sector energético y de las nuevas tecnologías” y se preguntó si “esto es una prioridad para el Gobierno, a la vista de este proyecto de ley”, al estimar que se trata de un “miniproyecto de ley a todas luces insuficiente porque no protege de forma real y efectiva a los consumidores y que presenta numerosas carencias, que llega tarde a pesar de las urgencias, sin los informes preceptivos y sin coordinación”.

Por ello, el PP ha presentado 18 enmiendas con la intención de “mejorar” el texto refundido de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios que, entre otras cosas, proponen mejorar la protección en materia de accesibilidad y de información “comprensible” en el etiquetado, en la información en ofertas comerciales y en la información previa a los contratos “por la importancia capital de preservar la accesibilidad”.

Los ‘populares’ presentaron en concreto dos enmiendas de adición, una primera transaccionada referida a la atención personalizada al consumidor vulnerable en los servicios financieros de banca, garantizando que las entidades financieras presten una atención personalizada a los consumidores en situación de vulnerabilidad que los demanden sin discriminación alguna ni motivada por la brecha digital.

La segunda está referida a la atención al consumidor vulnerable a los servicios financieros en el medio rural y propone que Correos y las entidades bancarias, mediante convenios, faciliten que dichas entidades bancarias presten sus servicios financieros a través de las oficinas de Correos o Unidades Móviles Financieras para dar cobertura suficiente en el medio rural donde no existen sucursales ni cajeros automáticos.

“No se puede retrasar la solución a un problema que ha acelerado la pandemia como la falta de accesibilidad a estos servicios por parte de los mayores y las personas que viven en el medio rural, un grave problema que nunca puede suponer una barrera”, apostilló, para reclamar, además, que se dé información sobre atención al cliente en el etiquetado, se aseguren oficinas de atención al cliente accesibles para personas con dificultades de movilidad o que se agraven las sanciones “cuando se atente en materia de defensa de los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad”, entre otras cuestiones.

En paralelo, exigió un proyecto de ley de medidas contra la ocupación ilegal de viviendas, la convivencia vecinal y protección de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, además del impulso de las reformas legales oportunas para “combatir de manera efectiva" dicha ocupación.

Su compañera Paloma Inés Sanz lamentó que la ley “llegó muy coja y no trataba muchos asuntos”. “Llega tarde y es muy insuficiente, sin ninguna eficacia ni efectividad en nada de lo que regula y, además, con muchísimas y grandes carencias y el denominador común de la incongruencia con el tema original de la ley”, abundó, convencida también de que, en materia de vivienda, “lo único que hace es garantizar que se pueda ocupar un inmueble y atacar el principio de propiedad privada”.

RESTO DE GRUPOS

Por ERC, Josep Rufà recordó que las enmiendas de su grupo incluían “el derecho a la accesibilidad sobre los productos que hay en el mercado”, consciente de que, “en la mayoría de los casos, los etiquetados actuales son ilegibles e inentendibles”, al tiempo que recalcó la necesidad de que las lenguas cooficiales de las regiones “estén presentes en etiquetados y representaciones de bienes y servicios”, entre otras propuestas.

Por el PNV, Nerea Ahedo criticó que el Gobierno “mete de rondón temas tan relacionados como el sector ferroviario, el dominio público hidráulico, la estiba o la ley de aguas”. “Cuestiones que tienen un claro encaje en esta ley”, ironizó, convencida de que hay consumidores “que necesitan una protección especial, pero esta ley no es la panacea, es más buenista que práctica” y de la importancia de que el texto “refleje” a la discapacidad “como elemento de vulnerabilidad” y que se incida en la garantía de accesibilidad a todos los servicios de consumo o busque luchar contra la exclusión financiera.

Por su parte, el senador Vicenç Vidal Matas, del Partido Socialista de Mallorca, integrado en el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, denunció la “discriminación” que sufren los consumidores que no tienen el castellano como “lengua oficial” y que tienen “los mismos derechos a poder consumir con su lengua y son más vulnerables durante el consumo porque no les permiten hacerlo de forma adecuada”. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, Asunción Castellví (Junts per Catalunya) agradeció las aportaciones de Cermi y la ONCE al texto y lamentó que son “demasiadas” las personas que en España “pueden ser consideradas vulnerables desde el punto de vista de consumo sin que prime la cuestión económica”.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, el senador Miguel Sánchez (Ciudadanos) exigió “igualdad de oportunidades” para quienes, por sus características, se encuentran en situación de vulnerabilidad, y recordó que su grupo ha propuesto “mejoras en el acceso a la información o para dar cobertura mayor a abonos sociales eléctricos y de telecomunicaciones para que más familias de clase media puedan beneficiarse de ellos” y que se suprimiera la disposición final 3 del texto que, a su juicio, “prácticamente da carta de naturaleza a la ocupación de segundas viviendas”.

Finalmente, por el Grupo Parlamentario Mixto, Carles Mulet (Compromís) hizo hincapié en las enmiendas presentadas por su grupo a instancias del Cermi, referidas, por ejemplo, a atender el caso de mujeres con discapacidad porque su riesgo de exclusión “es cada vez mayor”, o el de mujeres con discapacidad víctimas de violencia o trata. Además, en sus enmiendas su grupo abogaba por dejar de anunciar en medios públicos y “crear un perímetro saludable que proteja a los menores” ante productos y anuncios de juegos ‘online’; crear un registro paralelo en el que voluntariamente se puedan inscribir jugadores o personas con problemas de ludopatía que quieran bloquear su capacidad de acceso a microcréditos o créditos rápidos y sancionar a las entidades que lo incumplan, entre otras medidas.

Una vez aprobado en la Cámara Alta, el proyecto debe ser de nuevo votado en el Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva como ley.