El exceso de agua, generado principalmente por el trasvase Tajo-Segura, trajo consigo un aumento de la agricultura y ganadería industriales y, con sus vertidos al mar, la asfixia de la mayor laguna salada de Europa.

Greenpace recordó que la situación global está en un punto alarmante. A su juicio, "nos encontramos ante una situación en la que solo el 3% de las aguas del planeta, así como sus habitantes, están desprotegidas". También recordaron que sigue en aumento la deforestación y con ello el peligro de extinción de millones de especies. Así lo quisieron denunciar a pocos días de que se celebre el Día de la Biodiversidad.

El caso del Mar Menor es uno de los ejemplos que ilustran la falta de voluntad para revertir el declive. El regadío intensivo del Campo de Cartagena durante las últimas décadas ha provocado un flujo continuo de agua cargada de nitratos que ha acabado en el Mar Menor, lo que ha producido su eutrofización y su colapso mental. Esto, sumado al continuado incremento de las macrogranjas en Murcia, está creando un serio problema medioambiental.

Desde la ONG se han personado judicialmente contra las 10 empresas más relevantes, tanto por el volumen de vertido contaminante que han volcado al Mar Menor, como por el tamaño de la empresa y de negocio en el Campo de Cartagena. En estos días están teniendo lugar las primeras diligencias de investigación, con la declaración de los investigados. Greenpeace está haciendo un seguimiento de la situación preocupante ahora mismo en el Mar Menor y continuará trabajando para que se depuren responsabilidades.

Este cóctel tóxico, incentivado por el exceso de agua del trasvase Tajo-Segura, ha destruido la laguna costera con mayores índices de biodiversidad del Mediterráneo. La muerte en el Mar Menor es tal que, en 2016, ya se estimaba que se habían perdido el 85% de las praderas marinas. Sólo en especies como los caballitos de mar, se ha pasado de 190.000 ejemplares en 2012 a apenas docenas en la actualidad.

Desde Greenpeace confirmaron que siguen en proceso judicial contra los responsables de este ecocidio, que forma parte de la acusación popular del caso Topillo por la contaminación del Mar Menor. En el origen de este proceso, había 39 empresas acusadas, más un alto cargo de la Consejería de Agricultura y otro de la Cuenca Hidrográfica del Segura.

El año pasado, el Seprona denunció a otras 43 empresas y la Audiencia Provincial decidió, tras un recurso de las mismas, abrir 43 procesos independientes. Se trata de una maniobra clara de desarticulación de la causa judicial ya que, con este desmembramiento, se hace más difícil encontrar la responsabilidad conjunta en la comisión del delito.

Ante este nuevo escenario, y viendo la inviabilidad de sostener tantos procesos a la vez, Greenpeace decidió personarse contra las 10 empresas más relevantes. “Proteger la biodiversidad es protegernos a nosotros mismos. Sin ella, no es posible tener agua, aire y sustento. La desidia e intereses económicos y políticos nunca deberían prevalecer ante la protección de nuestra naturaleza. El ejemplo más lamentable lo tenemos en el Mar Menor donde ninguna institución, responsable político o empresa quiere solventar realmente la pérdida irremediable de un entorno natural único e insustituible”, declaró Julio Barea, responsable de Agua en Greenpeace España.