Así lo revela el informe titulado ‘El seguimiento de la seguridad alimentaria en países con situaciones de conflicto’, elaborado por ambos organismos para el Consejo de Seguridad de la ONU y según el cual la situación en los ocho lugares del mundo que concentran el mayor número de personas que necesitan ayuda alimentaria de emergencia, un total de 56 millones de personas, “muestra que el vínculo entre los conflictos y el hambre sigue siendo demasiado persistente y letal”.

No obstante, en Somalia, Siria y la Cuenca del Lago Chad la FAO y el WFP han advertido “algunas mejoras” que atribuyen al aumento de la seguridad.

SITUACIÓN POR PAÍSES

Tras precisar que el creciente número de conflictos prolongados en el mundo está creando “niveles de hambre sin precedentes e inaceptables”, el informe pone como ejemplo el caso de Yemen, una “demostración fehaciente de la necesidad urgente de que cesen las hostilidades para hacer frente a la mayor emergencia de seguridad alimentaria en el mundo”.

En su análisis dedicado al país, los expertos señalan cómo las partes en conflicto “ignoraron” la condición protegida de las instalaciones y del personal humanitario, lo que ha convertido en “difícil y peligrosa” la tarea de ampliar las operaciones para evitar la hambruna de la población.

Por su parte, en el segundo semestre de 2018 la República Democrática del Congo tenía el segundo mayor número de personas, un total de 13 millones, con inseguridad alimentaria aguda, motivada por un recrudecimiento del conflicto armado.

En Sudán del Sur, donde los enfrentamientos civiles persisten desde hace más de cinco años, los investigadores dijeron esperar que la temporada de carestía comience “antes de lo normal”, lo que elevaría la cifra de personas que necesitan ayuda urgente a más de cinco millones entre enero y marzo de 2019.

En la cuenca del lago Chad se prevé un “deterioro importante” de la seguridad alimentaria durante la temporada de carestía de este año y se espera que tres millones de personas se enfrenten a una inseguridad alimentaria aguda.

En el caso de Afganistán, el porcentaje de la población que vive en zonas rurales enfrentada a un grave déficit de alimentos podría alcanzar el 47 por ciento (10,6 millones de personas) en marzo “si no se brinda una vital ayuda urgente”, mientras que en la República Centroafricana el conflicto armado “siguió siendo el principal impulsor del hambre en 2018”, con 1,9 millones de personas con déficit alimentario severo.

A juicio del director general de la FAO, José Graziano da Silva, este estudio confirma “claramente el impacto de la violencia armada en las vidas y los medios de subsistencia de millones de hombres, mujeres, niños y niñas atrapados en un conflicto”.

Por ello, Da Silva pidió “encarecidamente” que se tenga en cuenta que, tras estas estadísticas “aparentemente frías hay personas reales, que padecen tasas de hambre que son simplemente inaceptables en el siglo XXI”.

TRABAJADORES HUMANITARIOS

Por otro lado, el informe también lamentA el incremento de la violencia contra los trabajadores y las instalaciones humanitarias, dado que en 2018 estos problemas afectaron a todos los países incluidos en el informe y obligaron a las organizaciones a suspender sus operaciones “y privar a las poblaciones vulnerables de la ayuda humanitaria”.

A este respecto, tras lamentar el “vínculo trágico” entre los conflictos armados y el hambre, el director ejecutivo de WFP, David Beasley, reconoció que estas organizaciones requieren un “acceso mejor y más rápido en todas las zonas de conflicto, para poder llegar a más civiles que necesitan ayuda”. “Pero lo que más necesita el mundo es el fin de las guerras”, apostilló.

El informe subraya que la Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de la ONU supone una “condena inequívoca” de la inanición como arma de guerra y advierte de que la cifra de personas que sufren hambre como resultado de un conflicto armado “no se reducirá mientras que no se sigan estos principios fundamentales”.

‘El seguimiento de la seguridad alimentaria en países con situaciones de conflicto’ es el quinto informe elaborado por la FAO y WFP para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde junio de 2016. El objetivo es proporcionar a los miembros del Consejo información actualizada sobre la inseguridad alimentaria y reforzar la “necesidad urgente de centrar los esfuerzos hacia la resolución de conflictos para acabar con el hambre”.