“Hemos observado que el sistema estatal de compensación a las víctimas es un absoluto desastre y que las víctimas de delito sexual reciben indemnizaciones muy pocas veces”, indicó la autora de la investigación, la catedrática de Derecho Procesal Helena Soleto.

Según sus datos, que proceden del Ministerio de Hacienda, en 2018 se solicitaron 85 ayudas, de las que sólo 11 (el 13%) fueron concedidas, con un presupuesto total de 7.596,19 euros. El número de solicitudes es escaso porque, según la investigación, estas ayudas han de destinarse únicamente a tratamiento psicológico.

De las 77 que se denegaron, casi la mitad (35) correspondían a niños y niñas que, supuestamente, habrían sido víctimas de delitos sexuales. Por lo general son rechazadas por no acreditar gastos, por no generarlos o por no acreditar correctamente la necesidad del tratamiento de reparación.

Los destinatarios suelen ser mujeres víctimas de violencia sexual y menores que han sufrido abusos y otros delitos sexuales. La mayoría son mujeres, mientras que los solicitantes masculinos son, sobre todo, niños. En el año 2018 se concedieron seis ayudas a mujeres y otras cinco a tres niños de 8, 11 y 13 años de edad.

“Además de toda la documentación del proceso penal sobre los hechos delictivos, la víctima ha de aportar declaración sobre otras ayudas que reciba, informe médico forense que acredite que existe daño mental y facturas de pago del tratamiento”, explica la autora. A su juicio, se trata de “demasiadas exigencias formales” que llevan a una “ineficacia” de las ayudas.

No obstante, no percibir esta ayuda no implica que las víctimas no tengan tratamiento psicológico, que en muchas ocasiones es prestado por la propia Sanidad pública o por ONG. En cuanto a la cantidad que perciben, el máximo al que pueden aspirar son 2.689 euros, aunque la media de las cuantías en 2018 fue de 688, menos de la mitad que hace 18 años.

La investigación, que se trata de un proyecto financiado por el Programa de Justicia de la Unión Europea (2014–2020) que aglutina a cinco países (España, Grecia, Italia, Letonia y Países Bajos) bajo la coordinación de Helena Soleto, concluye que “el sistema estatal de compensación a las víctimas es un absoluto desastre”.

En este sentido, la autora propone modificar el sentido de estas ayudas, al entender que las víctimas están obligadas a gastarse la ayuda en reparar su trauma con terapia. “Determinar cómo tienen que usar las víctimas el dinero es cuando menos paternalista y poco eficaz; cada víctima debería poder decidir cómo mejorar su calidad de vida después de la victimización”, sostiene en la investigación.

“No basta con que exista una norma que en teoría proteja, sino que lo haga en la práctica. En definitiva, queremos que exista un sistema de indemnizaciones justo para las víctimas de delito sexual”, concluyó.