Carcedo hizo estas declaraciones a los periodistas antes de presidir la inauguración de la Asamblea Ordinaria de Representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), celebrada hoy en el Centro Deportivo y Cultural de la ONCE.

La titular en funciones de Sanidad explicó que varias sentencias del Tribunal Constitucional “obligaron a modificar este sistema de financiación”. Antes se gestionaba todo desde la Administración General del Estado y “ahora el Alto Tribunal dice que todo aquello que vaya gestionado a la acción directa a la ciudadanía debe ser gestionados por las comunidades autónomas”.

“La idea es que ese 0,7% del Impuesto de Sociedades vaya destinado a las entidades de ámbito estatal que tienen otro tipo de actividades y que no es la gestión directa de un programa determinado como sería, por ejemplo, un comedor social. Además, el 0,7% del IRPF se destina a esos programas sociales que llevan a cabo las entidades en colaboración con las CCAA”.

Ante esta situación, Carcedo aclaró que “una vez que se separen las fuentes de financiación para una u otra actividad se pueda dar estabilidad financiera al sector y se pueda despejar ya esa situación de incertidumbre”.

En este sentido, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, subrayó que durante el tiempo en que la ministra ha estado al frente de este ministerio “ha habido mucha actividad y mucho diálogo”. “Queremos encarar los próximos meses y años todo lo que nos queda como la sostenibilidad del Tercer Sector donde aún está pendiente la nueva asignación tributaria del 0,7% del Impuesto de Sociedades para desarrollarla de forma reglamentaria para que los empresarios en ejercicio de sus responsabilidades puedan colaborar con lo social y con programas de inclusión y con proyectos llevados a cabo por las ONGs de ámbito estatal”.

Otros asuntos pendientes que recordó el presidente del Cermi se refieren a la reforma constitucional y del Código Civil para que las personas con discapacidad “no seamos sustituidas en la toma de decisiones jurídicas sino apoyadas cuando lo necesitemos”, así como los temas de accesibilidad universal, las cuestiones de género y de mujer y la esterilización forzosa “que hay que eliminarla de nuestro ordenamiento jurídico”.

Pérez Bueno también agradeció a la ministra en funciones la actualización de la prestación ortoprotésica y que entrará en vigor el próximo 1 de julio, tras 15 años de retraso.

Asuntos pendientes con los que Carcedo estuvo de acuerdo, ya que “tenemos un punto de encuentro y una hoja de ruta que se refiere a los derechos de las personas con discapacidad en España”.