El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en el que informó de que el Gobierno está trabajando a través de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Fiscalía en un protocolo de actuación que permita a los profesionales sanitarios realizar denuncias relacionadas con este tipo de delitos.

En este texto han trabajado el Ministerio de Asuntos Exteriores y la ONT, dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Según Exteriores, la lucha contra el tráfico de órganos va calando en la cooperación internacional, y prueba de ello es que esta resolución, que actualiza la aprobada hace un año, ha sido copatrocinada por 69 países, frente a los 40 que apoyaron la anterior.

El texto apuesta por el análisis de los delitos relacionados con la trata de personas para la extracción y el tráfico de órganos desde la perspectiva de los derechos humanos, la salud y la óptica penal.

También reconoce el valor del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos, como primer documento legal internacional que define con precisión este delito y cuya apertura a firma se llevó a cabo en Santiago de Compostela en 2015.

La nueva resolución insta a los países de las Naciones Unidas a desarrollar sus propios sistemas de trasplantes, según los principios defendidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a velar por que la extracción de órganos humanos se produzca en centros específicamente autorizados por las autoridades sanitarias nacionales, a realizar auditorías periódicas de los centros acreditados para la donación y el trasplante, a desarrollar registros que permitan garantizar la transparencia de la donación y el trasplante, la trazabilidad y la calidad y seguridad de los órganos humanos, a aportar información periódica a los registros internacionales, a capacitar a las fuerzas del orden, a los agentes de control de fronteras y profesionales sanitarios para detectar posibles casos, incluso en Internet, de tráfico de órganos y trata de personas con fines de extracción de órganos y denunciar prácticas ilegales presuntas o confirmadas y a adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las jurídicas, para proteger a las víctimas de trata y buscar fórmulas para remediar la vulnerabilidad de las personas que venden sus órganos.

A su vez, insta a la OMS, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a seguir elaborando directrices internacionales sobre los aspectos sanitarios, penales y de derechos humanos relacionados con la prevención y la lucha contra estos delitos.

Solicita a la Secretaría General de Naciones Unidas la elaboración de un informe sobre la implantación de esta resolución y su presentación en la Asamblea General en su 75º Periodo de Sesiones, prevista en 2020.