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Inclusión

RSC+D

4 Abr 2022

El Cermi lamenta que de media no cumplan la reserva mínima exigida del 2%

Solo el 1,8% de los trabajadores de las empresas del Ibex35 en 2020 eran personas con discapacidad

Redacción / Madrid

Unas 21.900 personas con discapacidad trabajaban en las empresas del Ibex35 en el año 2020, lo que supone un 1,8% del total de sus plantillas en todo el mundo, según un informe de CCOO y la Fundación 1º de Mayo.

El estudio, titulado ‘Evolución de indicadores de buen gobierno en las empresas del Ibex35’’, explica que el conjunto de empresas del Ibex publica el número o porcentaje de personas con discapacidad existente en sus plantillas.

“En España esta información es obligatoria. Sin embargo, en otros países no se desagrega esta información debido a la normativa vigente en esos lugares. Por ello, algunas empresas sólo informan de la plantilla con discapacidad en España”, precisa el estudio.

Con los datos disponibles, la media es del 1,8%, aunque el estudio cita los ejemplos de Ferrovial (8%) y ACS (4%) como empresas con más proporción de personas con discapacidad en plantilla a escala mundial.

DEBER LEGAL

En declaraciones a Servimedia, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, agradeció que CCOO realice un informe en el que tenga presente esta variable, porque la reserva de puestos de trabajo “no es algo que estamos invitados a hacer, sino que supone un deber legal”.

En este sentido, recordó que la cuota mínima de personas con discapacidad en plantilla es del 2% para las empresas de 50 o más empleados. A su juicio, es “desalentador” que “ni siquiera las empresas españolas de mayor dimensión” cumplan, pese a que “deberían ser un referente de cumplimiento legal e incluso de ir más allá, para evidenciar su compromiso con la responsabilidad social y que no solo sean meras palabras vacías”.

“¿Si las más grandes no cumplen, qué pasará con las empresas medianas y pequeñas que no tienen tantos medios y no lo tienen tan fácil?”, se cuestionó el responsable de la plataforma representativa de la discapacidad en España, que recordó que “la inobservancia” de las obligaciones legales puede acarrear una “sanción”.